El exdirector-gerente del Club Baloncesto Gran Canaria, Alberto Miranda, recibió una indemnización por despido "muy superior" a la que legalmente le correspondía, según se recoge en el informe de la Intervención del Cabildo sobre las cuentas del equipo en la temporada 2014-2015. El club pagó 28.800 euros a Miranda tras reconocer que el despido disciplinario por falta laboral muy grave era improcedente, pero la Intervención calcula que la indemnización debió fijarse en solo 2.602,08 euros, o, en el peor de los escenarios para las arcas públicas, en 12.266,96 euros.
La auditoría sobre el Granca, a la que ha tenido acceso este periódico, está incluida en el expediente que el Cabildo ha remitido a la Fiscalía Provincial de Las Palmas al encontrar indicios de delito en las actuaciones del exdirector-gerente, quien presuntamente vendió al club cuatro lotes de mobiliario, dos a través de su propia empresa y los otros dos a nombre de una sociedad de su pareja, por un valor total de 32.778 euros.
Esos muebles eran de segunda mano y muchos de ellos inservibles, por lo que fueron entregados al Centro Reto o depositados en la basura. Al confirmar esos hechos mediante facturas, cheques y testimonios de trabajadores del Granca, los servicios jurídicos del Cabildo y del Club Deportivo propusieron enviar al fiscal las autocontrataciones de Miranda, pues consideran que ha podido incurrir en los delitos continuados de apropiación indebida, falsedad documental y estafa.
La Intervención del Cabildo, en su informe preliminar del 7 de marzo de 2016, ya señalaba que la cantidad pactada por el Club y Miranda en el acto de conciliación "ha supuesto un perjuicio económico innecesario a la Sociedad Deportiva, siendo la indemnización superior a lo legalmente establecido".
Informe jurídico
Tras analizar las alegaciones del club, que sustentó la indemnización a Miranda en un informe de su asesoría jurídica, la Intervención mantiene su rechazo a la cantidad pagada en su informe definitivo del 25 de mayo de 2016, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de la Asesoría Jurídica del Cabildo para que estudie las posibles responsabilidades jurídicas.
"En relación con el cese del director- gerente", sostiene ese informe de la Intervención, "el artículo 11 del Real Decreto 1382/1995, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección, que regula su contrato, respecto a las indemnizaciones en caso de despido improcedente señala que se aplicarán las cuantías pactadas en el contrato, siendo, en su defecto, 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, y el Estatuto de los Trabajadores establece una indemnización de 33 de salario por año de servicio".
El dictamen de la Intervención añade que "por otro lado, la cláusula novena del contrato firmado entre el Club y el director-gerente recoge la posibilidad de que el mismo se extinga por desestimiento del Club o por despido, que en caso de declararse improcedente obliga al Club a la readmisión o a una indemnización equivalente a 7 días de salario bruto por año trabajado".
Según el relato del organismo de fiscalización del Cabildo, el 26 de octubre de 2015 el Club informó al director-gerente del despido disciplinario por falta laboral muy grave. Miranda mostró su disconformidad con la sanción e interpuso la papeleta de conciliación sobre el despido ante el Semac. El 29 de octubre de 2015 se celebró el acto de conciliación en el Semac, en el que el Club reconoció la improcedencia del despido y optó por indemnizar a Miranda con la cantidad de 28.800 euros netos, que con la liquidación de 2.515,27 euros hizo un total de 31.315,27 euros.
Según los cálculos de la Intervención, si se aplicara la cláusula novena del contrato, el Club hubiese tenido que pagar 2.602,08 euros al director-gerente. En el otro supuesto, el de los 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, la indemnización hubiese sido de 12,266,96, euros.
Ante la solicitud del expediente de despido, el Club no entregó "ninguna documentación" a la Intervención del Cabildo, sino un informe de Moreno Asociados Abogados, asesor legal de la entidad deportiva, de fecha 16 de diciembre de 2015, "exponiendo los motivos que llevaron al Consejo de Administración a aceptar la propuesta de acuerdo que dio lugar a la conciliación en el Semac con una indemnización de 28.800 euros, explicaciones sustentadas en los riesgos que supondría la actuación del trabajador, dada la existencia de dos contratos de externalización de servicios previa a la contratación laboral, desde el 1 de octubre de 2011".
E l acuerdo en el Semac, según el informe de Moreno Asociados Abogados, incluyó "una cláusula de confidencialidad que obligaba al trabajador despedido a mantener su deber de sigilo y secreto profesional respecto de la información confidencial a la que hubiera tenido acceso durante el desempeño de sus funciones durante la vigencia de la relación laboral, entre otras obligaciones".
Responsabilidades políticas
Las objeciones de la Intervención del Cabildo a la indemnización pagada por el Club a Miranda se suman a las presuntas ilegalidades cometidas por éste en los días previos a las elecciones locales del 24 de mayo de 2015. Si bien las responsabilidades políticas por la autocontratación de mobiliario se achacan al anterior gobierno insular del PP, y en concreto al exconsejero de Deportes Lucas Bravo de Laguna, las supuestas irregularidades detectadas en el pago de la indemnización corresponderían a los actuales dirigentes del Club y a los responsables políticos del área de Deportes, dirigida por el socialista Ángel Víctor Torres.
Aparte de los 32.778 euros que Miranda cobró por los muebles de segunda mano y los 31.315 euros por la liquidación y el despido, Bravo de Laguna le prorrogó el contrato de director-gerente once días antes de las elecciones, con un aumento del sueldo fijo de 45.000 a 57.600 euros anuales. Esa prórroga se aprobó en el Consejo de Administración del club el 13 de mayo de 2015, un día después de que Alberto Miranda se autocomprara el tercer lote de mobiliario usado por 10.234 euros.
