Gran Canaria es la isla con mayor número de infracciones a las leyes que prohíben la instalación de carteles y vallas publicitarias en las carreteras y, probablemente, también encabeza el ranking nacional de agresiones al paisaje con ese tipo de instalaciones junto a las vías interurbanas. Pese a que la normativa que impide esta propaganda está vigente desde el año 1988, reforzada después por la Ley de las Carreteras de Canarias de 1999, solo en la autopista GC-1 se han contabilizado 149 anuncios ilegales, la mayoría de ellos en el municipio de Telde.
Frente a islas como Lanzarote, La Gomera o El Hierro, cuyos empresarios y ciudadanos han interiorizado la necesidad de proteger el paisaje y han erradicado las vallas desde hace décadas, el tramo de entre el aeropuerto de Gando y Las Palmas de Gran Canaria se presente como una auténtica casa de los horrores, con carteles que quitan las vistas de la ciudad, viviendas en ruinas, plásticos de invernaderos abandonados y explotaciones ganaderas construidas con restos de madera y hojalata.
Los datos que ha recopilado el Cabildo al elaborar el Plan de Embellecimiento de la autopista del Sur son reveladores del incumplimiento sistemático de la ley y de la permisividad de las administraciones públicas. "Lo que ocurre en Gran Canaria es algo inconcebible, sobre todo si se tiene en cuenta que el turismo es su principal fuente de ingresos", comenta Rafael Molina Petit, presidente de la asociación Amigos de los Árboles y el Paisaje (Adapa ), uno de los colectivos ciudadanos que ha denunciado la "lamentable imagen" que se ofrece a los visitantes al salir del aeropuerto hacia la capital.
Adapa aplaude la decisión del gobierno insular de Antonio Morales de dar un ultimátum a los infractores, pero cree que sea medida debió tomarse hace muchos años. El Cabildo pretende eliminar todas las vallas antes de fin de año y a la vuelta de las vacaciones dará un mes de plazo a las agencias de publicidad, a los anunciantes y a los propietarios de los terrenos para que las retiren de forma voluntaria. Los que no cumplan ese plazo serán sancionados, con multas que pueden oscilar entre los 60 y los 12.000 euros, según la gravedad de la infracción.
En el año 1994, presionado por varias comunidades autónomas, el Gobierno central tuvo que dar una amnistía a los toros de Osborne para que se pudieran mantener en las carreteras españolas, con el argumento de que era un símbolo cultural español. En Tribunal Supremo lo aceptó en 1997.
En Gran Canaria, durante más de 25 años, las autoridades de las cuatro administraciones han dado una amnistía de facto a todas las vallas publicitarias sin ninguna justificación. De hecho, según Molina Petit, es "el único sitio de España" donde la Ley de Carreteras se incumple de forma tan descarada y con total impunidad.
Fuerteventura y Tenerife tenían el mismo problema hasta hace pocos años, pero los anuncios se han ido retirando por exigencia de sus cabildos y ayuntamientos. Tomás Quesada, jefe de carreteras del Cabildo majorero, asegura que todos los carteles se denuncian de forma inmediata, incluso los de la propia institución anunciando algún acto deportivo o cultural, y en los últimos meses no se ha tenido que abrir ningún expediente.
En Lanzarote casi ni hay que preocuparse de que alguien se salte la ley. El artista César Manrique consiguió que no hubiera publicidad en las carreteras incluso antes de que se promulgaran las leyes. "En el Plan Insular del año 1991 ya se recogía esa prohibición y desde entonces nadie ha intentado poner vallas; la gente de Lanzarote tiene interiorizado que debe proteger su paisaje", apunta Marcos Bergaz, consejero de Política Territorial del Cabildo.
A Lanzarote le ha dado resultado cuidar su entorno, recuerda Molina Petit, pues tiene la renta per cápita más alta de Canarias y el mayor nivel de ingresos por cada turista. "El paisaje tiene un efecto en la economía, en el empleo y en el turismo, pero también en la autoestima de la población, por eso Adepa no solo defiende que se protejan lugares emblemáticos como el Roque Nublo o las Dunas de Maspalomas, sino también los paisajes sociales, los que vemos cada día, porque esos son los que nos pueden deprimir", sostiene.
La asociación Adapa propone que, además de obligar a los anunciantes a retirar la publicidad, también se obligue a propietarios a restaurar los terrenos degradados por esa actividad. Entre otras medidas, plantea ocultar las construcciones ilegales con elementos de camuflaje o vegetación, disimular los cobertizos y rediles para animales con vallados opacos o eliminar graffitis y escombreras.
