Casi un mes después de que el ayuntamiento de Mogán haya abierto un expediente para el cierre del camping de El Pinillo, ubicado en la zona de El Sao, los usuarios del recinto han decidido alzar la voz en una manifestación prevista para este sábado en Arguineguín. A las 2.000 familias afectadas por la clausura de las instalaciones se unirán representantes de las asociaciones de vecinos de Cercados de Espino, Las Crucitas y Guapil así como clubes de moteros y demás caravanistas del Archipiélago. El colectivo, que cuenta con nuevos documentos que certifican la legalidad del enclave, pide una solución al ayuntamiento que pase por respetar los derechos consolidados de los perjudicados desde hace cerca de dos décadas. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, adelantó ayer que espera reunirse pronto con el Cabildo para proponer la inclusión de esta zona dentro del Plan Insular de Ordenación (PIO) y poder así tramitar posteriormente su incorporación al Plan General del municipio.

Los campistas de El Pinillo han pasado un mes de agosto bastante "angustiados". A día de hoy no saben si podrán seguir disfrutando de las instalaciones, como lo llevan haciendo desde hace cerca de 20 años, o tendrán que iniciar una guerra judicial que puede llegar a dilatar incluso más sus incertidumbres en el tiempo.

"Estamos dispuestos a colaborar con las administraciones. A sentarnos y a dialogar. Incluso a mejorar todas aquellas instalaciones que presenten algún tipo de desfase con la normativa, si hace falta. Pero creo que es el momento de hacernos oír y luchar por nuestros derechos", explico ayer el portavoz y técnico de los administradores del camping, Ariel Rivero.

A las alegaciones presentadas en el Ayuntamiento para paralizar el expediente de cierre del camping, los usuarios van a añadir algunos documentos que han encontrado recientemente para corroborar la legalidad del recinto. Entre ellos destaca un informe del Gobierno de Canarias redactado en 1991 que autoriza la instalación de autocaravanas en El Pinillo por considerarse un área recreativa el enclave. Este documento, agregó Rivero, facilitó precisamente la concesión de licencia para el restaurante del camping, otorgada en 1994 por Guillermo Bueno, padre de la actual alcaldesa. Es por ello por lo que los usuarios de El Pinillo no entienden por qué ahora se considera ilegal la actividad en esta zona de acampada.

El concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, entiende que se trata de un asunto "estrictamente técnico". Los trabajadores municipales en estos momentos analizan el expediente, pero la "vía administrativa es lenta" y requiere su tiempo.

Navarro desveló que la alcaldesa Onalia Bueno ya ha solicitado por escrito una reunión con la consejera de Política Territorial del Cabildo, Inés Miranda, para buscar una solución al conflicto con presencia incluso de los afectados. Sin embargo, "aún no hemos recibido contesta", agregó el edil. En esta cita el consistorio espera poner sobre la mesa una alternativa que podría desbloquear la situación. La inclusión de El Pinillo en el Plan Insular de Ordenación como zona de acampada. "Pero en tanto en cuanto esto sucede, el camping deberá permanecer cerrado", aclaró de forma tajante Navarro.