El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se está encontrando con todo tipo de cortapisas por parte de la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para llevar a cabo una serie de actuaciones en la franja costera del municipio que están causando "problemas a la hora de llevar adelante el Plan Director del Litoral", según la alcaldesa, Dunia González.
La regidora municipal expresó su preocupación al respecto a la senadora por Gran Canaria María José López durante una reunión que mantuvieron ayer en las oficinas municipales de Vecindario a la que también asistieron la primera teniente de alcalde, Nira Alduán, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Miguel Ángel Sánchez. Durante este encuentro -el primero que la representante de Nueva Canarias en la Cámara Alta mantiene con representantes locales dentro de la ronda que está realizando por todos los municipios de la Isla para conocer sus distintos problemas- González critcó que "el propio ejecutivo español incumple Ley de Costas" y hace dejación de sus funciones administrativas al no atender las peticiones para llevara cabo actuaciones de urbanización e instalación de infraestructuras en distintos puntos del litoral, no ya sólo de Santa Lucía, sino de toda Gran Canaria.
Entre los ejemplos citados por fuentes municipales se encuentra el de varias viviendas ubicadas en Pozo Izquierdo que están en primera línea de la costa y que carecen de servicios básicos, como el sistema de saneamiento, para cuya ejecución es necesario el beneplácito de Madrid. En varias ocasiones, el consistorio ha solicitado permiso por escrito a la Demarcación de Costas para poder realizar las obras necesarias con las que dotar a estas viviendas de un sistema salubre de evacuación de las aguas fecales sin que éstas acaben desaguando en el cercano océano, pero siempre se han recibido negativas o silencios como únicas respuestas por parte del Gobierno central.
Otra de las preocupaciones elevadas por González a la senadora López tiene relación con las subvenciones concedidas por el Estado a los ayuntamientos para proceder a la desalación del agua del mar con destino a su uso para el abastecimiento urbano. Desde el consistorio se aduce que los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy en esta ayuda han conllevado que las corporaciones locales se vean abocadas a aumentar sus partidas propias destinadas a este fin para de este modo poder garantizar el abastecimiento de agua potable a todos los vecinos.
Hace 19 años, en 1997, la aportación del Ejecutivo central para esta subvención ascendía a un total de 0,27 euros por metro cúbico. En 2016, la subvención estatal se ha reducido hasta quedar reducida a 0,03 euros por metro cúbico. "Esta bajada se ha ido produciendo en los últimos años mientras se incrementaba la población y por tanto el presupuesto debería de subir en lugar de recortar", se considera desde la corporación local.
