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El exjefe de Costas y la alcaldesa niegan trato de favor a Santana Cazorla

La Fiscalía interroga como denunciados a José María Hernández y Onalia Bueno por las obras para rehabilitar la playa de Tauro

José María Hernández. LP / DLP

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ultima la investigación sobre la autorización de Costas al Grupo Anfi para ocupar el litoral de Tauro y regenerar la playa de callaos con 70.000 toneladas de arena traída del Sahara. El fiscal tomó ayer declaración en calidad de denunciados a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y al exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández. Este fue destituido en julio por sus superiores jerárquicos en Madrid, tras las supuestas irregularidades halladas por la Guardia Civil en el expediente. Ambos defendieron la legalidad de sus actuaciones y negaran que tuvieran la intención de favorecer al promotor, sino de tramitar un proyecto de interés general, como es la mejora de la playa y la autorización del futuro paseo marítimo hasta Amadores.

Y es que el grueso de la investigación se centra en la autorización dada por la Dirección General de Costas para ocupar 11.200 metros cuadrados de dominio público. La Fiscalía busca indicios de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio al considerar que Hernández hizo la vista gorda ante el incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión, entre ellas aportar 3.811 metros contiguos al dominio público para ampliar la playa. Este requisito era obligatorio para obtener el permiso, pero Santiago Santana Cazorla, que es socio de Anfi, sólo ha entregado dos parcelas discontinuas en los extremos de la playa, con una franja de suelo entre ambas que está ocupado por negocios y casas de terceras personas. Según el Seprona, las obras para colocar la arena, que están acabadas, no debieron iniciarse porque el promotor no ha acreditado la titularidad de todo el suelo privado ofrecido para incorporarlo al patrimonio del Estado, lo cual es una condición previa a la concesión administrativa y, por tanto, a la ejecución del proyecto aprobado.

Así, al menos, lo advirtió el ingeniero Ignacio López-Sanvicente, que recogió esas anomalías en el acta de replanteo y se opuso al inicio de las obras. Un informe posterior de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre confirmó esas irregularidades, con advertencia incluida de parar los trabajos hasta que se resolvieran los problemas con la titularidad del suelo.

Incumplimiento y retraso

Hernández, en cambio, trató ayer de convencer al fiscal de que ese defecto no tenía entidad suficiente para rechazar el comienzo de una obra autorizada. En líneas generales, el exjefe de la Demarcación entiende que el momento clave no lo marca el acta de replanteo, sino el reconocimiento final de la obra, pues en ese momento se le puede negar al promotor el derecho a explotar la playa si se detectan incumplimientos (la concesión es de 50 años para gestionar los servicios de temporada y espacios comerciales).

Asimismo relaciona el incidente de la titularidad de la parcela con el retraso en la aprobación del Plan Parcial de Tauro, que fue modificado por los problemas surgidos con una rotonda. Eso ha retrasado la constitución de la junta de compensación, donde Anfi es titular de la mayor parte del suelo y, por tanto, promoverá con el Ayuntamiento el traslado del resto de propietarios. Esa zona, además, está prevista como espacio libre.

Hernández también negó que falseara el acta de replanteo al omitir los reparos del técnico al inicio de la obra y acusó a López-Sanvicente de actuar de manera unilateral. Esa parece la parte de la investigación más comprometida para el exjefe de la Demarcación, pues el acta hecha luego por el propio Hernández no recoge los reparos de su ingeniero y esas anomalías fueron corroboradas después por una inspección de la Subdirección General de Dominio Público.

El interrogatorio de Onalia Bueno no se centró en la concesión para explotar la playa, que sólo es competencia de Costas, sino en la autorización para hacer el paseo hasta Amadores. El fiscal investiga si la alcaldesa validó de forma irregular ese permiso mediante un decreto firmado el pasado mes de mayo, cuando lo que debería haber hecho es acordar la caducidad del expediente, pues la licencia original fue concedida en 2011 por el anterior gobierno local con unas condiciones cuyo incumplimiento implican su caducidad, entre ellas el plazo de dos años para iniciar las obras desde la notificación y de 11 meses para terminarlas. Bueno, tras explicar al fiscal las razones técnicas que avalan su decisión, declinó ayer comentar el contenido de su declaración, pero confía en que no haya denuncia contra el Ayuntamiento. El fiscal tiene seis meses para cerrar su investigación.

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