A escasos metros del nuevo hotel de cinco estrellas, que impulsa el grupo noruego Wenaas en Playa de Mogán tras una inversión de 60 millones de euros, asoman sombrillas oxidadas, muebles destartalados y carros de supermercado llenos de basura por los recovecos de un edificio abandonado desde hace cerca de 10 años. El que fuera a ser un centro comercial de tres plantas a la entrada de la urbanización turística se ha convertido en una "pensión" gestionada por un grupo de okupas extranjeros que cobran cinco euros a mochileros y demás transeúntes de la zona por pasar la noche en las instalaciones.
Playa de Mogán da la bienvenida a sus visitantes con una imagen que transmite, por un lado, el lujo de un destino turístico de hoteles de cuatro y cinco estrellas y, por otro, la dejadez y el abandono de edificios comerciales que no prosperaron tras la crisis del ladrillo. En su única vía de acceso, la urbanización concentra en la Avenida El Marinero las dos caras de una misma moneda. En cuestión de semanas, el grupo Wenaas culminará la construcción de las 912 nuevas camas que integrarán el denominado Hotel Sol. Una iniciativa que ha supuesto un desembolso cercano a 60 millones de euros y que aumentará a cinco estrellas la categoría del entorno.
Sin embargo, el enclave en el que se ha elevado la planta hotelera tiene como vecinos a un grupo de okupas que se ha apropiado de un inmueble a medio hacer de más de 1.500 metros cuadrados. El inmueble, que consta de tres alturas, fue construido en 2005 por la empresa Districo SA, administrada por el expresidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Manuel García Navarro. El proyecto contemplaba por aquella época una planta subterránea dedicada a aparcamientos y dos pisos destinados a locales comerciales. En la cubierta del edificio todavía descansan las dos grandes escaleras automáticas que conectaban dichas dependencias. Las dificultades económicas que atravesó el titular del inmueble provocaron que a día de hoy la parcela sea propiedad del banco Santander.
Cuentan los vecinos de la playa que en verano duermen a diario en el inmueble abandonado al menos dos o tres extranjeros, italianos, mayoritariamente. Pero que en invierno las ruinas del edificio llegan a albergar hasta una docena de huéspedes. No se trata de una casa okupa al uso, en la que puede entrar cualquier transeúnte, sino de un recinto de acceso restringido. Los gestores del lugar han cerrado la entrada con un candado, que solo abren para asiduos o viajeros dispuestos a pagar por quedarse en una cama en los bajos del mamotreto.
Es el negocio de alquiler de camas el que mantiene, de alguna forma, el orden dentro de las tres plantas del inmueble. Con muebles antiguos, cuadros y lámparas recogidos de la basura de la urbanización, los okupas han convertido el subterráneo en habitaciones de albergue. Cinco euros han llegado a pagar por dormir allí algunos mochileros que han pasado por Playa de Mogán.
Los vecinos de la Avenida El Marinero aseguran que por las noches los ocupantes retiran las vallas para descargar dentro del recinto los bártulos que encuentran en la calle. Tienen hasta un coche de alquiler para realizar estas labores de "reciclaje". Cuando necesitan comida, sin embargo, traen un carro de la compra que tienen aparcado dentro del edificio lleno de la comida que tira el Hiperdino, ubicado justo enfrente. Esta acumulación de basura atrae en ocasiones a roedores de alcantarillas. "Un foco de infección" que puede atentar contra la "salud pública", asegura Nicolás Segura, vecino de la zona.
Por regla general, los habitantes de este recinto "no suelen ser muy ruidosos". Los perros que tienen ladran, pero cualquier otro animal del vecindario. "Lo que realmente inquieta" de la presencia de los okupas a los vecinos, destaca Segura, es la incertidumbre de no saber "quiénes son".
Varias son las denuncias que a lo largo de estos años han puesto los vecinos en el Ayuntamiento de Mogán. La inseguridad que desprende el edificio en el entorno, donde además de niños residen personas mayores que viven solas, preocupa a los habitantes de la urbanización. "Sin olvidar la mala imagen que da a los turistas que pasean por la zona", añadió Segura.
Sin embargo, la policía local no puede intervenir en el inmueble por ser propiedad privada. Este año, según explicó el concejal de Seguridad, Mencey Navarro, el consistorio sureño remitió al banco Santander una orden de ejecución para la instalación de un vallado en el inmueble "por razones de seguridad". La entidad financiera, que hasta al momento no ha podido tomar posesión del edificio precisamente por la presencia de los okupas, se ha visto obligada a resolver el asunto en los tribunales. Según el edil, hasta que un juez no autorice el desalojo del inmueble, su actual propietario no podrá cumplir con la orden de ejecución dictada por la administración local.
Mientras el litigio sigue bloqueado en los juzgados, los vecinos de Playa de Mogán continúan esperando la llegada de las guaguas de Global justo al lado del recinto. Los visitantes, en cambio, observan con recelo una estampa que poco tiene que ver con los hoteles, restaurantes y el lujoso embarcadero deportivo de la denominada Pequeña Venecia.
