Cuando a mediados de julio Antonio Ojeda compareció como investigado en relación con la desaparición de Yeremi Vargas ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana, guardó silencio. En su declaración, el también conocido como Juan el Rubio se negó a contestar las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la familia del pequeño, y sólo aceptó responder a su abogado de oficio para asegurar que no tenía nada que ver con el caso.

Llevaba ya dos meses así, desde que la Guardia Civil acudió a la cárcel para interrogarle, pero antes de que saltaran las alarmas sobre su presunta implicación en el caso había ido ofreciendo durante años diferentes versiones a quien quería escucharle -la Guardia Civil, los medios de comunicación y hasta su compañero de celda- sobre lo que sabía acerca de lo ocurrido en el barrio de los Llanos del Polvo el 10 de marzo de 2007. Sin embargo, estos relatos -o las falsedades que incluían, a juicio de la Guardia Civil- sirvieron a los investigadores del caso para descartar otras líneas de investigación hasta desbrozar el caso y concluir que la implicación de Ojeda era mayor de la que él estaba dispuesto a reconocer.

El Seat Toledo

Quienes primero le escucharon fueron los propios agentes que le tomaron declaración el 3 de septiembre de 2007. A ellos les contó que el día de la desaparición había visto cómo una mujer morena introducía en un Seat Toledo blanco a un niño que coincidía con la descripción de Yeremi. El Rubio detalló que los hechos habían ocurrido en la confluencia de las calles Guatemala y Diego de Ordaz, ubicadas a unos 50 metros de la casa del niño, y que tres días después había vuelto a ver el mismo vehículo en una recuperadora de metales de Arinaga.

Los agentes identificaron el automóvil: era cierto que existía y que había estado en el polígono industrial agüimense el 13 de marzo de 2007, pero el automóvil pertenecía al Ministerio de Defensa y sólo era utilizado de lunes a viernes -Yeremi desapareció un sábado-. Su conductor, un trabajador civil de este departamento, explicó a la Guardia Civil que no tenía ningún tipo de relación con Vecindario y que no conocía a ninguna persona vinculada directamente con el pequeño.

La familia

Este último dato no era baladí: en las declaraciones que Ojeda realizó a Antena 3 Televisión en 2015 había explicado que aquella mujer morena que supuestamente se había llevado a Yeremi le había dicho, como justificación para los llantos del niño mientras tiraba de él, que era su tía.

También fue comprobada esta explicación, hasta que finalmente se certificó que "no se ajustaría en modo alguno a la realidad". Los agentes interrogaron a varios familiares de Yeremi, cuyas coartadas no les dejaron lugar a dudas: unos estaban cuidando de sus propios hijos; otros, trabajando; incluso había quien se encontraba en un centro de salud a causa de una reacción alérgica. Ninguno de ellos podía haber participado en la desaparición.

El vecino

La última versión de Ojeda llegó a los investigadores por boca de su compañero de celda. A él le contó hace no demasiados meses que el responsable de todo había sido su vecino Tani, y para ello entró en múltiples detalles: le dijo que éste le había dado algún tipo de narcótico para dormirle que había acabado por causarle la muerte y llegó a asegurarle que había visto cómo incineraba sus restos utilizando maderas y un colchón.

Los agentes también revisaron este nuevo relato y llegaron a la conclusión de que era imposible que Tani, un vecino de Orilla Baja, no había podido tener relación con la desaparición de Yeremi, porque ese día estuvo trabajando fuera de Santa Lucía. La demanda por daños y perjuicios que ya ha anunciado su familia se suma, de este modo, a los problemas legales que se le acumulan a Ojeda.