El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha presentado un recurso contra la sentencia emitida el pasado mes de julio por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que paralizó la renovación por incentivos de más de una decena de establecimientos turísticos. El Plan de Modernización de 2013, impugnado por el grupo de Nueva Canarias, carece del informe de la Dirección General de Costas, preceptivo en el proceso de aplicación de la normativa, y la memoria de sostenibilidad económica.
En marzo de 2015 el portavoz del grupo de Nueva Canarias de San Bartolomé de Tirajana, Ángel López, denunció en el TSJC al Cabildo, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento y Cabildo por haber participado en la tramitación de un plan de modernización turística supuestamente "inconstitucional".
El magistrado Francisco Javier Varona estimó la petición el pasado 25 de julio no precisamente porque la normativa vulnere los apartados 1, 3 y 4 del artículo 15 de la Ley Canaria que regula el Plan de Modernización, sino por encontrar incompleto el documento.
Tras un estudio exhaustivo del "fondo" de la cuestión y no de las "razones jurídicas y políticas" que había plantado en un primer momento López, el juez considera que el plan debe anularse por carece de dos informes exigidos por Ley. Por un lado, se percata que no existe una memoria de sostenibilidad económica, que "garantice que los gastos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras y servicios en ese ámbito espacial puedan ser sustentadas" por la administración local y, por otro, echa en falta el informe de Costas, de carácter vinculante, que debe ser emitido "concluida la tramitación definitiva del plan".
Afectados
La sentencia, que aún no es firme, ha dejado sin efecto legal a un plan de modernización a los que muchos empresarios del Sur han recurrido en los últimos tres años para mejorar sus instalaciones. Al amparo de los incentivos de la norma (aumento de edificabilidad, incremento de la ocupación y cambios de usos de las parcelas) 16 proyectos de rehabilitación prosperaron en San Agustín, Playa del Inglés y Meloneras. Parque Cristóbal, el centro comercial El Portón, Santa Mónica, Barceló Margaritas, Marina Gold o los kioscos del paseo marítimo del Faro son algunos de los establecimientos que han experimentado un proceso de regeneración integral.
Sin embargo, tras esta sentencia la segunda tanda de iniciativas privadas que pretendía reformar su oferta con los beneficios del plan, queda sometida a un limbo jurídico que puede que tarde bastante tiempo en resolverse. El pasado mes de agosto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Fernando González, señaló en unas declaraciones a este periódico que por el momento la administración local no podrá conceder licencias urbanísticas bajo el paraguas del plan y que se mantendrá expectante a lo que suceda en los tribunales. Esta misma semana, González desveló que el consistorio ha presentado un recurso contra la sentencia, que bloquea las inversiones.
Ante este nuevo escenario urbanístico en San Bartolomé de Tirajana, López quiere dejar claro que Nueva Canarias "está a favor de la rehabilitación turística". Sin embargo, matiza el edil, "no es este plan el que resuelve la perspectiva de futuro del desarrollo del municipio".
En primer lugar, los nacionalistas explican que este plan no es adecuado porque tiene "escasa incidencia en la recuperación global del destino". "Debe haber una apuesta que favorezca una mejora a nivel general de urbanizaciones como Playa del Inglés, pero no de actuaciones concretas que, al fin y al cabo, no repercuten en la totalidad del entorno sino solo en algunos sectores", añadió el edil.
En segundo lugar, la norma promueve "nuevos enclaves comerciales, pero no proporciona ninguna salida a los centros ya existentes". San Bartolomé de Tirajana es el destino con la tasa más alta de densidad comercial de Canarias, por lo tanto, continúa López, la creación de nuevos centros comerciales redundará en una mayor crisis del sector y en una pérdida de valor patrimonial de los locales". "La ausencia de propuestas en la norma que avancen hacia la especialización del destino, sobre todo con la creación de parques temáticos, y el hecho de que no hay garantías de que la administración se quede con las plusvalías que le corresponden" son los principales argumentos en los que Nueva Canarias construye su rechazo al actual plan de modernización.
"En definitiva", la oposición sureña considera que la norma ha sido "aprovechada para dar respuestas a las ambiciones de particulares en el Sur y no para atender las expectativas reales que la sociedad demanda a favor de la recuperación de la competitividad de Maspalomas".
Y, además, "es preciso subrayar", concluye López, "que el parón de la rehabilitación turística no es culpa nuestra, sino de los autores de la norma. Son el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento los que han elaborado el documento, no NC, así que es suya la responsabilidad".
Al proyecto de rehabilitación más controvertido del municipio, el hotel Riu Oasis, no le afecta la nulidad del PMM, dado que se acoge directamente a la Ley de Renovación y Modernización del Turismo y al planeamiento urbanístico municipal vigente.
