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Mogán

El exjefe de Costas desobedeció al Estado y falseó las actas en Tauro

El fiscal se querella contra José María Hernández por un delito de prevaricación y alteración de documentos públicos

El exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández. LP / DLP

El exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández, desobedeció a sus superiores de Madrid y falseó el acta de replanteo de las obras de la playa de Tauro con el fin de no dilatar en el tiempo el inicio de los trabajos. Así lo recoge la querella que ha formulado la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de las Palmas contra el funcionario en el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana. El ministerio le acusa de haber cometido supuestamente un delito de prevaricación administrativa y alteración de documentos públicos por haber autorizado "verbalmente" el inicio de la regeneración de la bahía a la empresa Anfi Tauro S.A sin la previa comprobación de los requisitos que establece la concesión así como por haber modificado las fechas en el expediente.

El pasado 1 de octubre de 2015 la Directora General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó por orden ministerial a la empresa turística la ocupación de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para regenerar la playa y gestionar sus servicios de temporada por un período de 50 años.

La orden ministerial establece un marco jurídico que delimita "taxativamente" las condiciones por las que se otorga la concesión del enclave marítimo. Entre sus disposiciones la norma exige que "en el caso de que existan terrenos de propiedad particular incorporados a la concesión", el adjudicatario deberá aportar la "certificación registral" de las parcelas "antes del replanteo de las obras o simultáneamente con el mismo". Sin embargo, según el fiscal, no ocurrió así en Tauro.

Reparos administrativos

El ministerio entiende que Hernández "se apartó de manera grosera" del marco jurídico que regula los trabajos en Tauro para dar "orden verbal" de inicio de unas obras sin haber previamente comprobado si cumplía con la normativa. Es más, el pasado 4 de febrero, según sostiene el fiscal, el funcionario autorizó el comien- zo de las obras aún a sabiendas de las anomalías que presentaba el proyecto.

El ingeniero de Caminos de la Demarcación de Costas, Ignacio López-Sanvicente, ya le había advertido anteriormente de que el expediente carecía de "documentos básicos" para su tramitación. En concreto, el técnico le comunicó a Hernández que los planos presentados por el contratista no coincidían con el proyecto original además de la existencia de una vivienda ocupada en los terrenos ubicados en el ámbito de la concesión y la necesidad de la empresa de acreditar la titularidad del suelo antes de proceder a la firma del acta de replanteo.

El 11 de febrero el ingeniero remitió por correo electrónico a la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar un informe con las anomalías detectadas tras su inspección a las obras.

Esta iniciativa de López-Sanvicente motivó una visita por parte de la subdirectora general a la Demarcación de Costas de Canarias el pasado 24 de febrero para comprobar in situ los reparos expuestos por el técnico. A su llegada a la playa de Tauro, la funcionaria comprobó que la información que había recibido coincidía con la realidad y que las anomalías no se habían resuelto.

En su informe del 22 de julio, la funcionaria indica que "teniendo en cuenta que la ejecución de las obras está vinculada a la aportación al dominio público de unos terrenos que no se ha realizado no podrá llevarse a cabo el inicio de las obras" al menos hasta que no se produzca la entrega de los terrenos en su totalidad. En este escrito la subdirectora general trasladó a la demarcación que hasta que no se resolvieran dichos obstáculos administrativos, el acta de comprobación de replanteo de las obras no se podría firmar ni, por tanto, iniciar los trabajos. Sin embargo, a pesar de las instrucción recibidas por Madrid, según defiende el fiscal, el exjefe de Costas desobedeció a sus superiores y firmó los documentos para autorizar los trabajos. "Con la finalidad de alterar la realidad", Hernández confeccionó un acta de replanteo con fechas modificadas y "hechos que no tuvieron lugar". El funcionario elaboró un documento, en el que consta a fecha de 4 de febrero la entrega de unos terrenos en el municipio de Mogán por parte de la adjudicataria a la Administración. Sin embargo, según su superiora en Madrid pudo comprobarse durante la visita de febrero que en ese día el acta no estaba firmada.

Hernández "no debió firmar ese acta, menos aún con fecha de 4 de febrero, ni autorizar el inicio de las obras antes de efectuar todas las comprobaciones ordenadas por esta dirección", declaró durante el pasado mes de septiembre la subdirectora general ante el fiscal instructor del caso. En su intervención, la funcionaria hace constar que "la transmisión de los terrenos privados al dominio público presenta irregularidades aún no solventadas". No solo porque "no consta la inscripción registral acreditativa de segregación de la finca matriz" sino porque carece de documentación que corrobore que los terrenos están libres de cargas y que el concesionario sea el único titular del suelo.

Solo el 36% del suelo

En su tesis, el ministerio defiende que el exjefe de Costas "faltó de forma consciente a la verdad" no solo por haber cambiado las fechas del documento sino además por haber afirmado que las objeciones realizadas por el ingeniero López-Sanvicente habían sido resueltas de inmediato. "Un hecho inexistente" porque "ni siquiera al día de la presentación de esta querella", especifica el fiscal, "se han resuelto los reparos e incumplimientos apreciados" por este ingeniero.

El pasado 15 de septiembre el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incoa un expediente disciplinario a Hernández y remite su decisión a la fiscalía con el fin de averiguar si los hechos constituyen delito.

El actual jefe de Costas en una inspección realizada el mes pasado recoge en un informe que "en relación a la parte de la playa que debía ejecutarse en los 3.811 metros cuadrados aportados por Anfi, solo se han transformado en arena 1.300 metros cuadrados, es decir, el 36% del total de la superficie. De estos 1.300 metros, "600 corresponden a la finca que figura en el acta de entrega del día 4 de febrero y los restantes a una parcela que no figura en el expediente como entregada". En cuanto al resto de los terrenos que debía aportar el promotor se aprecia que en algunos existen viviendas ocupadas y en otro una instalación dedicada a la desalinización de agua de mar. "El resto permanece en su estado original, antes del otorgamiento de la concesión". "En el suelo que se sitúa fuera de los límites de la concesión se ha vertido arena y han quedado unidos a la playa sin solución de continuidad", agrega el fiscal en su querella.

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