El exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias José María Hernández Léon, acusó ayer al fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, de basar en denuncias "falsas e infundadas" y obviar información pública en la querella que ha presentado en el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana el pasado 3 de octubre, y en la que le imputa supuestamente los delitos de prevaricación administrativa y falsedad de documento público por haber autorizado de forma "verbal" a Anfi Tauro S. A. el inicio de las obras de esta cala de Mogán. Hernández León, tras subrayar que "no busca un enfrentamiento con el fiscal" insistió en que el firmante de la querella sabe, porque así consta en la documentación de este expediente, que se cumplieron con todas las condiciones básicas que establece la normativa para cualquier proceso de concesión administrativa . En cuanto al supuesto delito de prevaricación, del que se le acusa en la querella, por firmar el acta de replanteo de los terrenos sin que la empresa promotora aportara la documentación registral de un suelo privado de 3.811 metros, que incluye en la concesión, el exjefe de Costas, aseguró que esta acusación no se sostiene porque en el Registro de la Propiedad de Mogán figura la parcela inscrita como de titularidad pública y sin cargas. La finca es propiedad del Estado desde el pasado 3 de febrero de 2016.
Anfi Tauro S. A. obtuvo la concesión para ocupar 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para retirar las piedras de la playa y colocar arena a través de una orden ministerial otorgada 1 de octubre de 2015 por la Dirección General de Medio Ambiente, que tiene en cuenta el hecho de que este promotor incluyera en el proyecto suelo privado para ganar así fondo a esta bahía.
El fiscal sostiene esa acusación en que dicha orden ministerial establece que si se incorporan terrenos privados a la concesión el adjudicatario deberá aportar la certificación registral de las parcelas antes de firmar el acta de replanteo, cuestión que según los hechos denunciados, no se respetó.
También cuestionó Hernández León el delito de falsedad documental que le atribuye la Fiscalía por haber confeccionado el 19 de abril de 2016 un acta de replanteo en la que "modifica las fechas", y recoge hechos que no tuvieron lugar" para "alterar la realidad". En este caso, mostró el acta de replanteo suscrita el 4 de febrero de 2016 en la que están estampadas, junto a su firma, las del concesionario, el entonces presidente del grupo Santana Cazorla, de la que forma parte Anfi Tauro, Santiago Santana Cazorla, y la del director de la obra, Javier Gil González. Incidió en este sentido que resulta imposible manipular,como apunta el fiscal, un documento en el que consta las firmas de otras dos personas.
Asimismo, mostró el ex jefe de Costas el acta , también fechada el 4 de febrero, por la que se formaliza la entrega al Estado de la parcela que se añade al proyecto, y que se redacta, tras la reuniòn en la que participa además del propio Hernández León, el promotor Santiago Santana Cazorla, y la jefa de Servicio de Patrimonio del Estado , Rosa María Armas Acuña.
Si bien, estas apreciaciones ya las trasladó al fiscal cuando prestó declaración, Hernández sentenció que "se intenta criminalizar un procedimiento administrativo cuyas competencias le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo". También aprovechó el destituido jefe de Costas para lanzar la pregunta: "¿Cuál es el perjuicio público que ha ocasionado a día de hoy la autorización de l proyecto de Anfi?" y a la vez, responder que "el único beneficiado es el Estado que ha logrado regenerar una playa sin gastar dinero". Además, remarcó que a día de hoy, lo cierto es que el promotor paga el canon sin explotar la playa, y ya le empezó a contar el plazo de concesión.
