El pleno extraordinario había sido convocado por el alcalde, José Armengol, por la vía de urgencia, pero toda la oposición y los tres concejales de dos partidos del grupo de gobierno no lo consideraron oportuno, basándose en un informe negativo de Secretaría, y abortaron la sesión.
El rechazo se produjo con once votos de los partidos de la oposición -PP, Cambio por Sataute (CxS) y Ciudadanos (C's)-, junto a tres concejales del grupo de gobierno: dos de Unidos por Gran Canaria (UxGC) y la edil de Ciudadanos de Centro Democrático (CCD). Hace unas semanas los concejales de estas dos formaciones ya escenificaron una ruptura en el gobierno municipal al dimitir de la Sociedad Municipal de Deportes por discrepancias con los otros tres partidos: Ando Sataute, PSOE y NC.
Los seis votos favorables de los concejales de Ando Sataute, PSOE y Nueva Canarias (NC) no bastaron para aprobar remitir la documentación sobre este asunto al Consejo Consultivo de Canarias. Sin embargo, tras el pleno frustrado, todos los concejales celebraron una reunión en la que reiteraron su voluntad de mantener la unidad ante el proceso para recuperar la concesión sin que haya ninguna duda sobre el proceso administrativo.
El Ayuntamiento de Santa Brígida rechazó por once votos contra seis la urgencia del Pleno Municipal que tenía que tratar la declaración de nulidad de pleno derecho del contrato formalizado el día 19 de noviembre de 2002 entre este Ayuntamiento y la representación de la UTE Santa Brígida para la construcción de un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano, adjudicado por acuerdo del pleno municipal el día 5 de junio de 2002. Este asunto no pudo ser abordado, al solicitar los grupos de la oposición y algunos concejales del grupo de gobierno retrasar el debate a otro pleno por no estar justificada la urgencia según el informe de la Secretaría.
El primer concejal en intervenir fue José Luis Álamo (NC) quien solicitó que se aclarara si el informe de Secretaría suponía una "observación técnica o un juicio de valor" al incluir "amenazas veladas de causa penal". Por su parte, la portavoz del PP, Inmaculada Sáez, advirtió que su grupo votaría en contra por no "validar un procedimiento administrativo cuyo expediente contiene errores en la formalidad" y que podría dar lugar a un futuro desafortunado por la posible vía contencioso administrativa y que puede acarrear en los trámites más gasto económico para el municipio".
La portavoz popular reiteró que "no está justificada la urgencia y que se puede incoar un nuevo procedimiento administrativo, por lo que aquí debemos anteponer los principios de interés público y buena administración". La edil recordó que conforme a "la nueva Ley 39/2015, el plazo de tramitación de esta vía revisora es, en vez de tres meses como lo era con la derogada Ley, ahora es de seis meses".
Por su parte, la portavoz de CxS, Guadalupe del Río, votaría en contra de la urgencia, al igual que lo hizo el concejal de C's, Juan José Pons, quien indicó que el informe de la Secretaria estaba fuera de plazo pero que era mejor solución iniciar un nuevo expediente que fuera "exquisito para salvar al pueblo de este desastre", refiriéndose a la obra inconclusa.
La concejal del CCD, Oneida Socorro, también se posicionó en contra, al entender que la documentación para solicitar la nulidad era "endeble" y que el dictamen del Consejo Consultivo sí sería vinculante si fuera contrario a las tesis del Ayuntamiento. Por último, Martín Sosa (UxGC), indicó que en el pasado pleno del mes de julio, cuando se aprobaron los informes y su remisión al Consultivo tras el periodo de alegaciones de la empresa afectada, "no veíamos claras las causas de nulidad y confiábamos en que se elaboraría más información y más contundencia".
El alcalde de la Villa, José Armengol, refutó los argumentos sobre el informe de la secretaria, al indicar que "nadie va a a eludir ningún fallo o sentencia".
