El comité ejecutivo de PP-Agrupación de Vecinos (PP-AV) decide hoy si cesa o mantiene en el cargo al edil de Deportes, Roberto Martel, que fue sancionado con 2.400 euros por el juez el pasado martes por conducir su moto sin carné. Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, y presidente de AV, aseguró ayer que la formación política no iba a tomar ninguna decisión sobre la retirada de las delegaciones que ostenta el concejal hasta oir sus explicaciones.
El alcalde comentó que había podido hablar con Martel sobre los hechos que ha cometido, y de las consecuencias que tiene para un cargo público una condena por un delito contra la Ley de Seguridad Vial. Según dijo, el edil de Deportes, que en el pasado mandato dirigió el departamento de Tráfico, se mostró "muy asustado" por la implicación política de su actuación, y le confesó también que estaba "muy arrepentido".
Los agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana detuvieron al edil el pasado domingo cuando circulaba por la rotonda Las Tuneras, muy cerca de la sede de Agrupación de Vecinos, al parecer justo cuando salía de la tienda familiar de bicicletas 'Kamikaze'. Además de no contar con permiso de conducción, porque había perdido los puntos por acumular diversas sanciones, como hablar con el móvil, la moto en la que circulaba tenía caducada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desde hace cuatro años.
Los partidos de la oposición, Nueva Canarias, PSOE y San Bartolomé También Puede solicitaron el pasado martes a Roberto Martel que asuma su responsabilidad política y renuncie a su acta de concejal teniendo en cuenta que ostenta la delegación de Deportes, ligada a los jóvenes para los que tras la condena "ha dejado de ser un referente". También le piden que siga el ejemplo de los políticos juzgados por hechos similares.
Asimismo, los representantes de los partidos de la oposición reclaman al alcalde de San Bartolomé de Tirajana que en el caso de que el edil se niegue a renunciar al acta le retire "de manera inmediata" las delegaciones, suspendiendo por tanto su liberación lo que conlleva que "no perciba un euro de las arcas públicas". En este sentido, advierten que el máximo responsable político del Ayuntamiento no puede premiar a un concejal juzgado y condenado por un delito contra la Ley de Seguridad Vial.
