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Tribunales

El abogado de Rajani pide tres millones

El Fiscal solicita tres años de prisión y cuatro de inhabilitación profesional para los responsables de las obras de Puerto Rico, además de la indemnización para su clienta

El abogado de Rajani pide tres millones

El abogado de Muniya Rajani, la mujer india que quedó parapléjica en 2003 en Puerto Rico tras caer en unas obras que carecían de señalización, pide casi tres millones de euros de indemnización a los responsables de la promotora Puerto Rico S.A y la contratista Hermanos García Álamo S.L. El ministerio fiscal solicita tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación profesional para los acusados por haber cometido un presunto delito de imprudencia al permitir el tránsito de personas en la zona sin las medidas de seguridad oportunas. El juicio quedó ayer visto para sentencia en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras cuatro jornadas de juicio, en la que han declarado casi una veintena de peritos, agentes de la Guardia Civil, Policía Local, y el hermano de la víctima, el ministerio fiscal elevó ayer a 531.536 euros la indemnización que los cinco acusados deben abonar a la familia de Rajani por haber incumplido con las obligaciones que estipulaba el plan de seguridad de las obras. De esta cuantía, la víctima ya ha recibido 150.232 euros por parte de una de las aseguradoras que intervienen en la causa.

El letrado de la víctima, Luis María Hidalgo, quien además añadió un sexto acusado, Manuel Roca, a la lista de responsables de la tragedia, pide cerca de un millón de euros de indemnización para su cliente y una pensión vitalicia valorada en 1.900.000 euros.

Tanto la fiscalía como la acusación particular sostienen que los responsables de las obras cometieron una "negligencia" al permitir que personas ajenas al proyecto transitaran por la zona sin ningún tipo de "señalización". Mientras la instalación de "barandillas" en el puente en el que cayó Rajani a 10 metros de altitud "formaba parte del plan de seguridad y salud" del proyecto, "lo cierto es que no se colocaron" hasta que ocurrió el accidente, explicó el fiscal César Casorran, durante la exposiciones de sus conclusiones. En su lugar se pusieron unas "simples mallas de plástico" que de ninguna manera podían evitar la caída" de Rajani.

Antes del accidente, Rajani llevaba una vida "normal". Aunque presentaba un 81% de discapacidad intelectual, "la joven solo precisaba ayuda para realizar las labores domésticas o para pasear", señaló su abogado, quien destacó que a partir de ahora la víctima necesita la ayuda de "al menos dos personas para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana".

Dentro del importe que la acusación pide en concepto de responsabilidad civil se incluyen los gastos, tales como la compra de fármacos, material de ortopedia, traslados en ambulancia o la instalación de un ascensor en la vivienda, que la familia Rajani ha tenido que asumir después del incidente.

Por su parte, los abogados de los acusados pidieron al magistrado Francisco Liñán la libre absolución de sus clientes. De forma "subsidiaria" las defensas de Alexis García, jefe de las obras donde se cayó Rajani, Manuel Roca, autor del estudio del plan de seguridad, y de Sebastián García, contratista, alegaron "como atenuante" la falta de preparación que tenía la cuidadora de la víctima en el momento del accidente. "Era una joven ecuatoriana, recién llegada a España, de 18 años que tenía dos personas a su cargo. Si la cuidadora hubiese seguido el protocolo y le hubiese llevado de la mano, y además hubiese habido barandilla, el accidente seguramente no se habría producido", aseguró el representante de Manuel Roca, quien renunció a la obra tres años antes de que se iniciara y delegó "en el contratista" las funciones que se le habían asignado como autor del estudio del plan de seguridad.

Los casi tres millones de euros que pide el abogado de Rajani de indemnización son "desproporcionados" y están "injustificados" desde el punto de vista de las defensas. El letrado de Sebastián García destacó en su intervención que si bien debe ser "justa" no debe pretender "jubilar" a toda la familia. Tras recordar que el procedimiento se ha dilatado en el tiempo durante 13 años, cuestión que ha provocado un "perjuicio psicológico" en su defendido, aclaró que el pago de la responsabilidad civil a la víctima ha de ser en todo caso "solidaria" entre las empresas implicadas en la causa.

La representante de Helvetia Seguros rescató al final de la jornada que en los últimos 13 años, la familia de la víctima no les ha aportado "ni una sola nómina" de los cuidadores que ha tenido Rajani y que la acusación ha tardado "ocho años" en reclamarles el dinero.

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