Díaz afirma que ha respetado la "ley al máximo"

Díaz, que se enfrenta a 16 años y medio de prisión como presunto autor de delitos de prevaricación, malversación de fondos, exacción ilegal de impuestos y falsificación de documentos, según la acusación del Ministerio Fiscal, ha negado haber cometido esos delitos y ha considerado que la denuncia responde a una "venganza" del exsecretario del Ayuntamiento Marcelino López Pereza.

En esta primera sesión del juicio, los otros dos acusados, el abogado Adolfo Llamas y el exconcejal del PP Carlos Sánchez, también han negado los hechos que se les imputan.

Al primero se le atribuye un delito de malversación de fondos públicos, por el que el fiscal pide una pena de dos años de cárcel, por haber cobrado indebidamente del Ayuntamiento 585.226 euros por la gestión de nóminas y personal y por asistencia jurídica, tras ser contratado de manera verbal y sin el procedimiento debido por su amigo de Díaz.

Llamas ha manifestado que ingresó lo pactado con el Ayuntamiento, que sus retribuciones constan en la Agencia Tributaria y que entiende que el procedimiento mediante el cual se le contrató por el era correcto, pues era abogado y graduado social.

A Sánchez se le imputa un delito de exacción ilegal de impuestos, por el que se enfrenta a una pena de nueve meses de cárcel.

Carlos Sánchez ha afirmado que "jamás habló con compañeros para que no le "pasaran ningún tributo" y prueba de ello es que algunos recibos le llegaron en el periodo ejecutivo, ha alegado.

Además, ha explicado que a los acreedores del Ayuntamiento se compensaban sus deudas con los impuestos y que, en cualquier caso, abonó la cantidad reclamada por el municipio.

El fiscal acusa al exconcejal de Hacienda y exalcalde por contratar de forma irregular a amigos y familiares, amañar un contrato de suministro de material informático, que logró una empresa de su propiedad y por no pagar impuestos.

Sobre estos hechos, Díaz ha explicado que los contratos se hacían por orden del entonces alcalde Carmelo Vega, ya fallecido, quien contrató a su nuera, a la que ha afirmado que no conocía, y a un total de 16 personas más, no a tres como apunta el fiscal, pero que él no tuvo "nada que ver con eso".

En relación a la contratación de su amigo Adolfo Llamas, ha indicado que su relación laboral con el Ayuntamiento comenzó antes de ser concejal delegado de Hacienda, sin competencias, y que tampoco fue decisión suya prescindir de la empresa que llevaba hasta entonces la gestión de nóminas y personal, y que los honorarios que cobró fueron similares a los que se pagó a la empresa.

En relación a la adjudicación del material informático por 25 millones de pesetas (150.253 euros) a su amigo Antonio Hernández Armas, ha señalado que la valoración para la concesión de ese servicio la hizo un técnico del Ayuntamiento.

Así mismo, ha indicado que Intervención responde de los pagos que se le hicieron hasta 2003, que no correspondían ni con suministros de material ni con servicios de mantenimiento y que sumaron un total 136.531 euros.

Díaz ha negado haber dado instrucciones a la empresa que recaudaba los impuestos, Mungest, para que no reclamara el pago de tributos a Sánchez y a él, y ha añadido que carece de propiedades en Santa Brígida, "pese a lo que la gente dice" de él.

En esta sesión han declarado como testigos tanto el denunciante de los hechos en 2007, un funcionario del Ayuntamiento que está presentado en la causa como acusación popular, y el exsecretario López Peraza, como acusador particular.

López Peraza ha indicado que él llevó los pleitos del Ayuntamiento hasta que se los encomendaron a Llamas, que fueron "numerosas las peticiones de Díaz para que se le encargaran a su amigo, y que a partir del informe emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias se conocieron los pagos efectuados al acusado.

Así mismo, ha señalado que era notoria y pública la amistad de ambos, y conocidos sus viajes al Caribe, y ha negado que sienta enemistad por ambos.

En el turno de los testigos, el funcionario Diego S.S. ha ratificado ante el tribunal las irregularidades advertidas en el Ayuntamiento, donde ha asegurado que fue objeto de acoso laboral y que se "ponía a dedo a gente del partido" (PP).

Según este empleado municipal, a los funcionarios se les cambiaba continuamente de puesto para evitar controles, aunque averiguó que se pasaban facturas privadas al cobro del Ayuntamiento, y comprobó que no se emitían liquidaciones al alcalde y a los concejales durante una suplencia en recaudación.

Así mismo, ha señalado que comprobó que la supuesta sede de la empresa informática a la que se adjudicó el servicio era un garaje y ha comentado que cuando ésta dejó de trabajar para el Ayuntamiento cesaron las averías "informáticas por arte de magia" y también los gastos que generaban.