El exalcalde del municipio grancanario de Santa Brígida Antonio Hernández Díaz afirmó ayer ante la Audiencia de Las Palmas que en los 28 años que estuvo en el Ayuntamiento "ni se benefició ni trató de ayudar a nadie", siquiera a sus seis hijos, y siempre respetó "la ley al máximo".

Díaz, que se enfrenta a 16 años y medio de prisión como presunto autor de delitos de prevaricación, malversación de fondos, exacción ilegal de impuestos y falsificación de documentos, según la acusación del Ministerio Fiscal, ha negado haber cometido esos delitos y ha considerado que la denuncia responde a una "venganza" del exsecretario del Ayuntamiento Marcelino López Pereza. En esta primera sesión del juicio, los otros dos acusados, el abogado Adolfo Llamas y el exconcejal del PP Carlos Sánchez, también han negado los hechos que se les imputan.

Al primero se le atribuye un delito de malversación de fondos públicos, por el que el fiscal pide una pena de dos años de cárcel, por haber cobrado indebidamente del Ayuntamiento 585.226 euros por la gestión de nóminas y personal y por asistencia jurídica, tras ser contratado de manera verbal y sin el procedimiento debido por su amigo de Díaz.

Llamas ha manifestado que ingresó lo pactado con el Ayuntamiento, que sus retribuciones constan en la Agencia Tributaria y que entiende que el procedimiento mediante el cual se le contrató por el era correcto, pues era abogado y graduado social. A Sánchez se le imputa un delito de exacción ilegal de impuestos, por el que se enfrenta a una pena de nueve meses de cárcel.

Carlos Sánchez ha afirmado que "jamás habló con compañeros para que no le "pasaran ningún tributo" y prueba de ello es que algunos recibos le llegaron en el periodo ejecutivo, ha alegado.

Además, ha explicado que a los acreedores del Ayuntamiento se compensaban sus deudas con los impuestos y que, en cualquier caso, abonó la cantidad reclamada por el municipio.

El fiscal acusa al exconcejal de Hacienda y exalcalde por contratar de forma irregular a amigos y familiares, amañar un contrato de suministro de material informático, que logró una empresa de su propiedad y por no pagar impuestos.

Sobre estos hechos, Díaz ha explicado que los contratos se hacían por orden del entonces alcalde Carmelo Vega, ya fallecido, quien contrató a su nuera, a la que ha afirmado que no conocía, y a un total de 16 personas más, no a tres como apunta el fiscal, pero que él no tuvo "nada que ver con eso".

En relación a la contratación de su amigo Adolfo Llamas, ha indicado que su relación laboral con el Ayuntamiento comenzó antes de ser concejal delegado de Hacienda, sin competencias, y que tampoco fue decisión suya prescindir de la empresa que llevaba hasta entonces la gestión de nóminas y personal, y que los honorarios que cobró fueron similares a los que se pagó a la empresa.

En relación a la adjudicación del material informático por 25 millones de pesetas (150.253 euros) a su amigo Antonio Hernández Armas, ha señalado que la valoración para la concesión de ese servicio la hizo un técnico del Ayuntamiento.