La sesión plenaria de Santa Brígida aprobó ayer por unanimidad la declaración de nulidad del contrato del centro comercial y de ocio del casco del municipio satauteño, después de que cinco de los partidos políticos (los tres de la oposición y dos del grupo de gobierno) lo rechazaran formalmente en el pleno anterior por considerar que no tenía carácter de urgencia. El alcalde convocó en la anterior ocasión un pleno extraordinario y urgente para resolver el asunto al entender que se podían acabar los plazos para tomar esa decisión corporativa.
En esta ocasión, tal y como estaba previsto, todos los concejales votaron a favor d ella declaración de nulidad al entender que la actual situación estaba perjudicando notablemente las arcas municipales ya que la condena al ayuntamiento es millonaria, además de los 3.000 euros al día en intereses. Sin embargo, una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, conocida esta misma semana, ha aliviado en parte la carga económica al limitar la cantidad de lucro cesante que demandaba la UTE Santa Brígida, por lo que el consistorio se ahorra tres millones de euros.
La sesión debatió la propuesta del alcalde, José Armengoll, para la declaración de nulidad de pleno derecho del contrato formalizado en 2002 con la UTE Santa Brígida por el que se concedía a ésta la obra pública para construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano, en la parcela que hay en el casco del municipio y cuyas obras llevan paralizadas una década.
Desde 2002
El contrato se formalizó el 19 de noviembre de 2002 entre el Ayuntamiento y la representación de la UTE Santa Brígida como 'Concesión administrativa de obra pública', adjudicado por acuerdo adoptado por el pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de junio de 2002.
La sesión se celebró tras el estudio de las alegaciones formuladas tras el pleno que aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos iniciar el proceso de nulidad del contrato del edificio de aparcamientos un zona comercial que tuvo lugar el pasado 14 de julio. Las alegaciones y las respuestas recabadas por el Ayuntamiento serán remitidas al Consejo Consultivo, que dictaminará sobre el acuerdo adoptado para intentar dar salida a este conflicto entre el Ayuntamiento y la UTE.
La UTE adjudicataria de la construcción del centro comercial de Santa Brígida llegó a pedir otros 53 millones de euros por el lucro cesante al Ayuntamiento de Santa Brígida en el Juzgado. El TSJC ya ha condenado al consistorio a pagar 14,1 millones de euros a la UTE Santa Brígida por daños y perjuicios. El consistorio quiere resolver el contrato. Sus abogados plantean un incidente de nulidad, y si este prospera irá a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En cuanto a las mociones presentadas, el grupo Ando Sataute presentó tres que se refieren a la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria en las corporaciones locales, la actualización del Catálogo de Árboles Singulares de la Villa y la retirada de símbolos fascistas.
El grupo municipal del Partido Popular presentó dos mociones referidas al Plan General del municipio, el apoyo al deporte base, deporte de competición y renovación de las instalaciones municipales. El Grupo Municipal Cambio por Sataute planteó tres mociones que incluyen la declaración institucional en defensa de la democracia, la libertad y el pluralismo político, una propuesta de acuerdo de supresión de la tasa por aparcamiento de las personas con discapacidad con grado reconocido y una sobre la denuncia de los vecinos por el pésimo estado en que se encuentran los barrios o lugares donde viven.
Por parte del grupo mixto, se planteó la apertura de expediente de Honores y Distinciones para el nombramiento de Carmelo Vega Santana como Hijo Predilecto de la Villa de Santa Brígida a título póstumo.
