El pleno que celebró el Ayuntamiento de Santa Brígida la tarde del jueves fue suspendido por el alcalde, José Armengol, a medianoche con varios puntos del orden del día pendientes debido a la alta hora que se alargó. No obstante, los concejales pudieron aprobar la declaración de nulidad del contrato del centro comercial paralizado desde hace más de una década, así como la propuesta de pliego de condiciones administrativas y técnicas para la contratación del servicio de limpieza en colegios públicos y dependencias municipales
La corporación municipal no pudo abordar los doce puntos previstos en el orden del día, quedando los asuntos de urgencia y los ruegos y preguntas pendientes para la próxima sesión, por excederse del tiempo establecido. Entre las mociones debatidas, se aprobó una sobre retirada de símbolos franquistas y otra declaración en defensa de la democracia y el pluralismo político, así como se rechazó la apertura de expediente para declarar al ex alcalde, Carmelo Vega, Hijo Predilecto de la Villa. También fue aprobada unánimemente la "retirada de símbolos franquistas", tal como se comenzó a hacer en 2006 y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Esta moción sufrió dos modificaciones, al cambiar el nombre de fascistas por franquistas y al concretar el cambio de la placa por los caídos (en la que hay personas que no fallecieron en la guerra, sino después, así como no figuran los fallecidos del bando republicano) a través de la Comisión de Patrimonio que dictaminará sobre este aspecto y otros que se vean afectados por la ley de Memoria Histórica. Uno de los comentarios que suscitó el mayor consenso fue el realizado por el edil de NC, José Luis Álamo, quien indicó que la placa debería acoger los nombres de los caídos de ambos bandos con el lema "Por todos los que murieron en la Guerra Civil Española". Igualmente fue significativo el recuerdo que hizo el alcalde, José Armengol, al abuelo de la edil Oneida Socorro, quien fue víctima del franquismo por defender ideas comunistas.
El orden del día se inició con la observación de la portavoz popular, Inmaculada Sáez, que criticó que se retirara una moción de su grupo a causa del criterio de la secretaria municipal. Acto seguido, se aprobó la incoación de expediente para la declaración de nulidad de pleno derecho del contrato de la construcción del centro comercial o 'mamotreto' formalizado el 19 de noviembre de 2002 entre el Ayuntamiento y la representación de la Unión Temporal de Empresas Santa Brígida. La corporación por unanimidad acordó realizar el procedimiento con los informes ya realizados al que se incorporará uno nuevo que será encargado a un gabinete jurídico.
Posteriormente fue aprobado el concurso para la contratación del servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. En este punto se abrió un debate sobre la documentación del pliego de bases del mismo, ya que el concejal de Cambio por Sataute (CxS), Miguel Ángel Sánchez, anunció el voto en contra de su grupo al advertir que el proceso de estos pliegos está "plagado de errores administrativos" ya que fue adjudicado a un asesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por ser la oferta más económica, al que se le pagó 1.700 euros y, según el informe de Intervención, el pliego presentado no es el contratado.
Ante esto, se le explicó que en su momento no fue realizado por el técnico municipal por sobrecarga de trabajo, pero una vez realizado el pliego por el asesor externo, el funcionario entregó el informe sobre el concurso que es el que se llevará a concurso.
La edil popular indicó que su grupo había detectado modificaciones relevantes sobre las bases del concurso anterior, entre las que destacó que no figura la subrogación del personal que actualmente presta el servicio. Por su parte, el edil de CxS comentó que se había modificado los criterios objetivos, así como el hecho de que no se valoraba el coste del cómputo de horas del servicio y del coste de los materiales de limpieza, así como no se aclara el régimen sancionador para los incumplimientos del contrato. Todo esto, en un concurso que ya ha superado los plazos y prórrogas.
El concurso tiene una duración hasta 2019, con un importe total de unos dos millones de euros, por lo que la edil popular pidió que quedara sobre la mesa, el concejal de CxS advirtió que era un "suicidio" sacarlo en estas condiciones y el concejal de Ciudadanos (Cs), Juan José Pons, advirtió que el documento no recoge que se frieguen las aulas, hay menos horas de trabajo previstas mientras hay más centros que limpiar, aunque reconoció que éste es un servicio deficitario porque la limpieza de centros públicos no puede ser sino una unidad de gasto.
La concejal del Ciudadanos de Centro Democrático (CCD) Oneida Socorro, respondió que se trata de cláusulas particulares y que los reparos de Intervención no desvirtúan el pliego del concurso. Asimismo, el concejal de Limpieza, Martín Sosa de Unidos por Gran Canaria (UxGC) afirmó que jamás ha actuado contra los informes técnicos, y que en esta ocasión fue el técnico municipal quien primero dijo que no podía realizar el pliego y que luego hizo el informe, el cual optimiza los recursos y ofrece una comparativa entre los beneficios del anterior concurso y el actual. El concurso fue aprobado con los votos del grupo de gobierno.
