El Cabildo de Gran Canaria revisará la designación de Antonio José Muñecas como secretario de la corporación para cumplir así las resoluciones judiciales que anulan su nombramiento y obligan al gobierno insular a realizar una nueva elección, esta vez teniendo en cuenta los méritos y experiencia de los otros dos candidatos que optaron a esa plaza en el año 2013, José Marcelino López Peraza y María Dolores Ruiz San Román.
El presidente insular, Antonio Morales, declaró ayer que el gobierno tripartito realizará el nuevo nombramiento en el plazo de dos meses y negó tajantemente que haya eludido cumplir durante los últimos siete meses la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la designación de Muñecas.
Tras recordar que este es un problema heredado del anterior mandato del PP, pues fue José Miguel Bravo de Laguna el que realizó el nombramiento anulado por los jueces, Morales explicó que su gobierno no ha tomado ninguna decisión hasta ahora porque estaba pendiente del recurso de apelación de Muñecas ante el TSJC, en el que éste solicitaba una corrección de errores en la sentencia anuladora del 18 de marzo de 2016. En concreto, pedía que se eliminara el párrafo de los magistrados que sostiene que "resultaría paradójico que haya recaído el nombramiento en quien menos experiencia en la materia tiene".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en un auto del pasado 18 de octubre, desestimó la solicitud de Muñecas, confirmando así que era el aspirante con menos experiencia. Tras esta nueva resolución judicial, que según Morales aún no ha sido notificada al Cabildo, el gobierno insular sí está obligado a ejecutar la sentencia anuladora y tiene un plazo máximo de dos meses para realizar el nuevo nombramiento. Para ello, debe valorar los méritos que tenían los tres candidatos en el año 2013.
Muñecas también ha interpuesto un recurso de nulidad de las actuaciones al entender que la sentencia que anula su nombramiento, presentada por José Marcelino López Peraza, contradice a otra sentencia anterior de la misma Sala, la que desestimó el recurso de María Dolores Ruiz San Román.
En este caso, el recurso no paraliza la ejecución de la sentencia, explicó Morales, quien aseguró que el gobierno insular siempre ha actuado de acuerdo a los criterios de los Servicios Jurídicos de la propia institución, por lo que desmintió que haya eludido de forma intencionada la ejecución de la sentencia de los tribunales.
Nueva valoración
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, presidida por el magistrado César García, admitió la demanda judicial de López Peraza y obliga al Cabildo a dictar un nueva resolución en la que se valore "con claridad" los méritos y la capacidad de cada uno de los tres aspirantes a ese puesto. Según los magistrados, el anterior gobierno de Bravo de Laguna "solo dio relevancia a la entrevista personal a los candidatos y no tuvo en cuenta criterios reglados como los méritos profesionales o la experiencia".
La resolución judicial considera que el Cabildo "concedió un valor capital, determinante", a un único criterio discrecional, el resultado de las entrevistas personales a los aspirantes, realizadas por Bravo de Laguna y la entonces consejera de Presidencia, Auxiliadora Pérez.
