Unos 3.500 personas se han inscrito para trabajar como palmeros en Canarias a raíz de que las plagas que afectan a esta especie, como la diocalandra, ha aumentado las ofertas de empleo para realizar podas, sobre todo en altura. En los últimos dos años, los jardineros con carné para ejercer como palmeros han aumentado más del doble en el Archipiélago, y han pasado de 700 a 1.500, según los datos de la Consejería de Agricultura del Gobierno canario.
El hecho de no haber realizado un curso de especialización en palmeras, otro de primeros auxilios, uno más de prevención de riesgos laborales, y uno de manipulador de productos fitosanitarios, así como el contar con un año de experiencia en tareas con estas especies ha impedido que muchos de los jóvenes inscritos no se hayan podido hacer con el carné de palmero. Claudio Reyes, técnico de la Consejería de Agricultura, explicó ayer que estos condicionantes, aunque no conllevan una formación complicada, si que ha motivado que no todas las solicitudes hayan obtenido autorización.
Si bien, las podas las comenzaron a realizar tanto personal especializado de los ayuntamientos como de los cabildos, la demanda de estos servicios ha hecho que muchas empresas privadas, como Canaragua o Urbaser, también se hayan adentrado en esta actividad. La demanda de estos profesionales fue tal hace unos años, que se llegó a pagar hasta 50 euros por la poda de una palmera, cantidad que hoy día se ha reducido a los 20 o 30 euros. El precio, según señalan desde la Consejería de Agricultura varía en función de la altura de la planta ya que pueden tener de tres a once metros de tronco o estipe.
Precisamente, el que hoy sea más fácil encontrar quien escale uno de estos ejemplares y lo pode, ha hecho que los precios bajen, ya que como en toda actividad, funciona la ley de la oferta y la demanda. Con todo, donde hay más profesionales es en el Sur de Gran Canaria, precisamente porque es donde las empresas turísticas reclaman más estos servicios para el cuidado de las especies que tienen en los jardines.
Esta época dorada de los palmeros ha moticado incluso, en que algunos hayan podido compatibilizar un empleo en una administración, y luego atender las demandas de particulares durante las tardes o los sábados. Según explicaron desde el departamento de Agricultura, esta actividad ha ido variando a medida que se han incorporado empresas a este negocio.
El control de todo el procedimiento de acreditación de estos profesionales, tanto a la hora de la otorgarles el carné de podador, como el reciclaje y la renovación de su formación, fue no de los aspectos en los que incidió la comisión técnica, que abordó en 2014 a iniciativa del Cabildo de Gran Canaria , las actuaciones que había que poner en marcha para la mejor conservación de las palmeras de Gran Canaria.
Desde hace dos años, los técnicos y expertos del Cabildo de Gran Canaria, del Jardín Canario, de ayuntamientos de la Isla, del Gobierno canario, así como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, incidieron en la importancia de incrementar la labor inspectora en relación al incumplimiento por parte de estos trabajadores de la normativa sobre este trabajo,y por ello, propusieron que en las solicitudes de autorización para podas , talas y trasplantes figurara como requisitio previo la identificación de la empresa y el profesional que va a hacer este trabajo. Incluso, plantearon que era conveniente diferenciar dos niveles de acreditación: palmero especialista y auxiliar de trabajos culturales, y que el permiso se renueve cada cuatro años.
Con el fin retomar las propuestas recogidas por la citada comisión en un documento, que debido a que hubo cambios en los gobiernos del Cabildo y los ayuntamientos de la Isla, no se han puesto en práctica, esta semana se reunió bajo la presidencia del consejero de Medio Ambiente de la corporación, Juan Manuel Brito, la citada comisión técnica.
Brito explicó que se van a actualizar las conclusiones que se fijaron hace dos años, y se darán a conocer, la semana próxima en unas jornadas forestales . Anunció que lo prioritario será poner en marcha medidas para atajar la plaga de diocalandra, también llamado picudo de las cuatro manchas y que se detectó en 1998 en Maspalomas, pero no se ha logrado erradicar. En este sentido, añadió que hacer frente a este pequeño gorgojo precisa de un conjunto de medidas bien armonizadas por parte de entidades públicas, empresarios, propietarios, trabajadores y la sociedad en general. Resaltó que el que el Cabildo no tiene competencias fitosanitarias, que corresponden al Gobierno canario, por lo que incidió en la implicación de toda la administración en esta tarea.
El consejero dijo que hay qu distinguir entre las palmeras de zonas urbanas, que incluye las que están en el viario público como en jardines de particulares, siendo las más afectadas las que están en los núcleos turísiticos , y las que están en zonas silvestres.
