Más de la mitad de los 29 consejeros del Cabildo de Gran Canaria declaran que sus cuentas corrientes y de ahorros tienen cantidades inferiores a los 6.000 euros y siete de ellos aseguran que no disponen de ninguna vivienda en propiedad. Estas son los datos más relevantes de las declaraciones de bienes de los representantes políticos y altos cargos de la corporación insular, publicados desde ayer en la página del Cabildo para cumplir la Ley de Transparencia.
Sorprende que consejeros que llevan varias décadas en responsabilidades políticas y que cobran casi 60.000 euros brutos al año no tengan o no declaren ningún tipo ahorro o patrimonio, sino prácticamente el dinero necesario para vivir al día. La consejera de Política Social, Elena Máñez, aparece como la más acaudalada, con 96.000 euros en sus cuentas bancarias.
En el otro extremo figura el responsable de Educación y Juventud, Miguel Montero, que afirma tener una liquidez de 833 euros, mientras que Esther Monzón, consejera de Unidos, no sobrepasa los 600 euros. El vicepresidente segundo, Juan Manuel Brito, declara 3.500 euros como todo patrimonio tras año y medio en el cargo. Carlos Ruiz, Gilberto Díaz e Ylenia Pulido no declaran cuenta bancaria.
El presidente Antonio Morales posee una vivienda fa adquirida en 1993 y con valor catastral de 58.210,16 euros, un apartamento vacacional de 2008 y con valor de 14.962,23 euros, una furgoneta Ford Transit Connect de 2008 y un Volvo V40 de tres años de antigüedad. También dispone actualmente de 47.383,46 euros en cuentas bancarias y otros 30.860,89 euros en seguros de vida y planes de pensiones. No tiene ninguna deuda.
El presidente no es de los más ricos ni de los más pobres entre los 29 cargos electos del Cabildo. Varios consejeros del propio gobierno insular, como Gilberto Díaz, Francisco Trujillo o Miguel Hidalgo figuran con un patrimonio personal mucho más amplio que el de Morales, pero es el expresidente y actual portavoz del grupo Unidos, José Miguel Bravo de Laguna, el que presenta un mayor número de propiedades.
Tras casi un año de reclamaciones por parte de la oposición, que conminaban a Morales a cumplir la Ley de Transparencia y a revelar su patrimonio, el gobierno tripartito ha hecho públicas las declaraciones de bienes presentadas hasta el pasado 17 de noviembre.
Bravo de Laguna aparece en ese listado como el consejero con más patrimonio, pues declara una vivienda comprada de 1991 con un valor catastral de 275.688 euros, un apartamento turístico de uso propio por valor de 125.312 euros, el 50% de una vivienda en nuda propiedad de 26.1254 euros, diez fincas rústicas en Mogán y otra en Tías (Lanzarote), tres grupos de acciones en bancos y sociedades que suman 70.778 euros, otros 23.312 euros en cuentas corrientes y un vehículo Lexus valorado en unos 8.000 euros.
Seis miembros del gobierno tripartito -Brito, Máñez, Carmelo Ramírez, Pedro Justo, María Isabel Santana y Minerva Alonso- y uno de la oposición -Daniel Reyes- no disponen de vivienda en propiedad. Por contra, el consejero de Empleo, Gilberto Díaz, posee cuatro viviendas, con un valor catastral de 75.000 cada una, dos fincas rústicas y tres coches. Díaz es también el responsable de Transparencia.
