Carlos Trujillo, que dimitió el pasado miércoles como director de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria sin haber presentado su declaración de bienes y actividades, ha trabajado durante más de una década para otras instituciones, empresas privadas y particulares, lo que está prohibido por la ley de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
Trujillo reconoció ayer que ha ejercido la abogacía de forma privada desde que obtuvo la plaza de funcionario del Cabildo, en junio de 1993, pues desde esa fecha solicitó una compatibilidad para seguir trabajando en el despacho de su familia. Puesto que la corporación insular nunca le contestó a aquella primera petición, Trujillo asegura que siempre entendió que se le autorizaba por silencio administrativo positivo. "Como nunca me han dicho nada, he llevado algunos casos fuera del Cabildo, pero de forma puntual y en horario de tarde", apuntó
Según ha constatado este periódico, desde el año 2002 el letrado jefe del Cabildo ha intervenido, de forma paralela a su trabajo, en al menos 37 procedimientos judiciales, con clientes como la Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca), BP, Mobil Oil, Yumeno Basho SL y decenas de particulares. En ese tiempo, ha litigado contra organismos del Estado, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento capitalino o el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Este mismo año ha actuado en dos ocasiones como letrado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante sendas demandas de los sindicatos contra los presupuestos municipales de 2013, lo que según fuentes jurídicas supone un grave incumplimiento de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Para realizar una actividad al margen de la función pública, como por ejemplo dar clases en la universidad, los trabajadores del Cabildo deben obtener una autorización de compatibilidad por parte del Pleno. Trujillo solo tiene ese permiso para actuar como letrado asesor del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, un organismo dependiente del Cabildo, otorgado por acuerdo plenario del 30 de marzo de 2006.
Además, las autorizaciones de compatibilidad conllevan una reducción del sueldo a través de la eliminación de los complementos retributivos. En este caso, al no haber un permiso reglado no se ha aplicado esa reducción del salario.
Preguntado por las razones de su dimisión como jefe de la Asesoría Jurídica y la negativa a entregar la declaración de bienes, Trujillo alegó problemas de salud. "Llevaba tiempo pensando en pedir una excedencia y quizá lo haga cuando acabe este mandato; llevo treinta años trabajando duramente y no tengo nada que esconder, pero he renunciado porque así no tengo que hacer esa declaración", añadió.
Aparte de la abogacía, Trujillo también ha ejercido desde 2006 los cargos presidente, consejero y administrador solidario en la empresa Nueva Viñol Canarias SL, dedicada a la construcción de viviendas. Al respecto, señaló que se trata de una sociedad familiar que sufrió la crisis del ladrillo y que le llevado "casi a la ruina".
