La Dirección General de Costas ha abierto un expediente al Grupo Anfi para revocarle la concesión de la playa de Tauro por las irregularidades halladas en la ejecución del proyecto. El inicio de las obras para regenerar esa parte del litoral de Mogán, con la colocación de 70.000 tonelada de arena traída del Sahara, es investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.
Las anomalías motivaron a finales de julio la destitución de José María Hernández, ex jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, contra el que se ha querellado la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas por los delitos de prevaricación y falsedad de documentos. La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, que ha citado como peritos a dos altos cargos de Madrid y al ingeniero de Caminos que advirtió a sus superiores de las irregularidades encontradas.
Tanto el ingeniero López-Sanvicente como la subdirectora de Dominio Público Marítimo Terrestre, Josefa Solernou Sanz, y la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, comparecieron el viernes de la semana pasada ante el juez instructor. Los tres se ratificaron en los informes en los que se fundamenta la Fiscalía de Las Palmas para promover la acusación contra José María Hernández. Esos dictámenes han desencadenado la apertura de dos expedientes: uno de tipo sancionador contra el exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, que es promovido por su sucesor, Rafael López, y otro por la caducidad del permiso dado a Anfi al incumplir las condiciones establecidas en la concesión. En este último caso, la Dirección General de la Costa y del Mar ha encomendado a los servicios jurídicos del Estado que revoquen la autorización administrativa, según explicaron los peritos durante el interrogatorio judicial. El otro expediente ha sido archivado al jubilarse Hernández.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del que depende Costas, autorizó el 1 de octubre de 2015 al Grupo Anfi la ocupación de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para regenerar la playa de Tauro y gestionar los servicios de temporada (hamacas y comercios) por un período de 50 años. El permiso lo gestionó de manera directa Santana Cazorla quien, en ese momento, era socio de Anfi junto a los herederos de Björn Lyng. La familia del empresario noruego, sin embargo, vendió en septiembre por 41,2 millones a la cadena hotelera IFA (de la que Lopesan es accionista mayoritario) su participación del 50% en Anfi Invest AS. El grupo empresarial, además de los proyectos de Tauro, donde están previstos varios complejos de lujo y un muelle deportivo, gestiona el complejo Anfi del Mar en Mogán, uno de los referentes europeos en vacaciones a tiempo compartido.
Esos futuros negocios, al menos los relacionados directamente con la playa de Tauro, parecen estar ahora en el aire con el expediente de caducidad abierto por Costas. Las razones para revocar el permiso son las mismas a las que apela la Fiscalía para querellarse, esto es, el incumplimiento de la orden ministerial que establece el marco jurídico con las condiciones taxativas de la concesión.
Entre los requisitos no satisfechos destaca la obligación de entregar la certificación registral de las parcelas que Anfi debía aportar al Estado como parte de la concesión para mejorar la playa. Esa condición tenía que cumplirse antes del replanteo de las obras o durante la firma del acta con el inicio de las mismas, pero la Fiscalía, en base a los informes, considera que Hernández autorizó verbalmente los trabajos sin verificar el cumplimiento de esa condición, a pesar de los reparos realizados por el ingeniero de su departamento. López-Sanvicente le había advertido de que el expediente carecía de "documentos básicos" para su tramitación. Entre las anomalías destacan que los planos presentados por el contratista no coinciden con el proyecto aprobado; que existe una vivienda habitada en los terrenos de la concesión, y que Anfi no ha acreditado la titularidad del suelo antes de firmarse el acta de replanteo. La Fiscalía acusa a Hernández de silenciar esos incumplimientos y de falsear las fechas en las que confeccionó el acta ante la negativa del ingeniero a certificar el comienzo de los trabajos.
Según informes recientes de Costas, la empresa se comprometió a aportar una parcela de 3.811 metros para ampliar y mejorar las condiciones de la playa, pero a día de hoy sólo se han transformado en arena 1.300 metros cuadrados, es decir, el 36% del total de la superficie. Además, de esos 1.300 metros, sólo 600 se corresponden con la finca que figura en el acta de entrega, y el resto pertenece a una parcela que no figura en el expediente como entregada.
En el resto de la parcela hay viviendas ocupadas, una instalación dedicada a la desalinización de agua de mar y partes que siguen en su estado original, al tiempo que se ha vertido arena fuera de los límites de la concesión y ésta ha quedado unida a la playa sin solución de continuidad.
El Grupo Anfi dio por terminados los trabajos para colocar la arena antes del verano, pero la regeneración de la playa sigue sin terminarse, con vallas que impiden el acceso de los usuarios y muros que se han tenido que levantar para evitar que las mareas aneguen las casas.
