El Cabildo de Gran Canaria abrirá una investigación interna y reservada sobre las actuaciones del letrado jefe de los Servicios Jurídicos de la corporación, Carlos Trujillo, que dimitió del cargo la semana pasada sin presentar la declaración de bienes y actividades a la que estaba obligado por la Ley de Transparencia. Con posterioridad, Trujillo admitió a este periódico que ha simultaneado su trabajo en el Cabildo con el ejercicio de la abogacía para clientes privados, empresas y otras instituciones, lo que supone un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció la apertura de ese expediente, pero eludió valorar el comportamiento de Trujillo, tanto en la renuncia al puesto para no tener de desvelar su patrimonio como en el reconocimiento de que ha hecho trabajos ajenos al Cabildo desde hace dos décadas.
Morales confesó que desconocía esas actividades paralelas del letrado jefe, como al parecer le ocurrió a todos sus predecesores. No obstante, dijo que "es un buen abogado" y recordó que siempre ha defendido con éxito al Cabildo en los tribunales de justicia.
Tras conocerse que había dimitido sin presentar la declaración de bienes en el último plazo otorgado por la Ley de Transparencia, Trujillo alegó problemas de salud, y precisó que también se plantea solicitar una excedencia en el Cabildo para evitar las tensiones y la gran carga de trabajo que precisa ese departamento.
Sin embargo, Trujillo reconoció que ha ejercido la abogacía de forma privada desde que logró la plaza de funcionario del Cabildo, en junio de 1993. Es esa fecha, argumentó, pidió una autorización para seguir trabajando en el despacho de su familia, pues había muchas causas pendientes.
Puesto que el departamento de Recursos Humanos del Cabildo nunca le contestó a aquella primera solicitud de compatibilidad, el ya exletrado jefe dio por hecho que se le autorizaba a simultanear la profesión de abogado por silencio administrativo positivo.
Incompabilidades
Tras resaltar que nunca recibió una queja o un aviso de que estaba vulnerando la ley de incompatibilidades, Trujillo aseguró que únicamente llevó algunos casos puntuales, en horario de tarde y sin clientes que pudieran tener un conflicto de intereses con el Cabildo grancanario.
Según pudo constatar este periódico en estamentos jurídicos, desde el año 2002 ha intervenido en al menos 37 procedimientos judiciales, con clientes como la Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca); las empresas BP, Mobil Oil y Yumeno Basho SL; y decenas de clientes particulares. En ese tiempo ha litigado contra organismos del Estado, las áreas de vivienda de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
En este año ha intervenido en dos ocasiones como letrado del Ayuntamiento capitalino ante sendas demandas de los sindicatos contra los presupuestos municipales de 2013. Según fuentes jurídicas, estos dos últimos ejemplos suponen un grave incumplimiento de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Todos los funcionarios del Cabildo que quieran ejercer alguna actividad paralela, como por ejemplo dar clases en la universidad o mantener un despacho privado, deben obtener previamente una autorización de compatibilidad por parte del Pleno.
En su ficha del Portal de Transparencia del Cabildo, Trujillo declara que se le ha concedido la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía como letrado asesor del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, un organismo dependiente del Cabildo, otorgado por acuerdo plenario del 30 de marzo de 2006.
Las autorizaciones de compatibilidad conllevan una reducción del sueldo a través de la eliminación de los complementos retributivos. En su caso no se ha aplicado esa reducción del salario al no constar el permiso del Pleno.
Fuentes del Cabildo relacionan la situación de Trujillo con el conflicto judicial alrededor del secretario de la corporación, Antonio Muñecas, cuyo nombramiento ha sido anulado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras la demanda de otro de los candidatos a ese puesto.
Tesorero
Por otra parte, el tesorero de la corporación, Jesús Vadillo, ha explicado que su declaración de bienes se ajusta a la ley de transparencia y que no forma parte del grupo de consejeros y directivos que no declararon ninguna cuenta bancaria, como por un error de redacción se podría dar a entender en la información que se publicó en la edición del pasado viernes.
