Los vertidos ocasionados por las tuberías de la desaladora de agua de Teror terminan en el juzgado. La sección sexta de la Sala de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria juzgó hoy martes un supuesto caso de amenazas y coacciones a representantes del Ayuntamiento por uno de los dueños de la canalización que conduce hasta el barrio de San Francisco Javier, M.M., que desembocó en el cierre de la red tras los problemas que detectó por posibles humedades en una vivienda, un colegio y afecciones a particulares, en un caso paralelo al que se dirime en Arucas por la actividad de la central. La Fiscalía pide el sobreseimiento, y el abogado municipal cuatro años y un día de prisión y el pago de 1.337,13 euros por el tiempo que estuvo paralizado.
