Teror Arucas

Los vertidos de salmuera en Teror de la desaladora acaban en el Juzgado

Un particular que cortó su tubería por los daños que sufrían los vecinos se enfrenta a la cárcel tras la denuncia del Ayuntamiento

11.01.2017 | 04:00

Los vertidos de salmuera ocasionados por el mal estado de las tuberías de la desaladora de agua de Teror terminan en el Juzgado. La sección sexta de la Sala de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria juzgó ayer un supuesto caso de amenazas y coacciones a representantes del Ayuntamiento por uno de los dueños de la canalización que conduce hasta el barrio de San Francisco Javier, M.M., que desembocó en el corte de la red que realizó tras los problemas que detectó por posibles humedades en una vivienda, un colegio y afecciones a particulares, en un caso paralelo al que se dirime en Arucas por la actividad de la central. La Fiscalía pide el sobreseimiento, y el abogado municipal cuatro años y un día de prisión y el pago de 1.337,13 euros por el tiempo que estuvo paralizado.

El encausado por el Ayuntamiento se enfrenta a la amenaza de acabar en la cárcel, al convertirse de denunciante en denunciado. En el juicio de ayer se juzgaron sus posibles coacciones y amenazas contra un técnico del Ayuntamiento y al entonces y actual concejal de Aguas, Santiago Ojeda, a los que advirtió "por teléfono" de que iba a cortar una red de tuberías, que "dejaba puntualmente" para que el municipio trasladara esta agua con una elevada concentración de sal hasta un depósito en Arucas.

Los responsables municipales defendieron que la red era fundamental para el suministro de abasto a la población, ya que sin la desaladora la población podía quedar desabastecida los fines de semana. Precisamente, el dinero de la reclamación económica al denunciado se basaba en los días en los que se recurrió a terceros para comprar agua.

Uno de los puntos en debate es si el agua que salía al exterior de las canalizaciones era considerada vertido o averías. Dos peritos coincidieron en que la red de hormigón de las tuberías no cumplía con las garantías mínimas de seguridad para impedir la fuga de agua salada. Y quedó constancia por parte del Seprona de la Guardia Civil de la existencia de diferentes irregularidades no subsanadas, si bien el Ayuntamiento alegó que desde que se tenía conocimiento de alguna anomalía se actuaba para repararla lo antes posible.

El vecino implicado hizo uso de la palabra para defenderse "después de ocho años de acusaciones", recordando que los supuestos hechos ocurrieron en agosto, y la denuncia se presentó en diciembre. Y negó que existiera una emergencia social para mantener activa esa planta, ya que ahora lleva cuatro años parada a instancias del Consejo Insular de Aguas. E insistió en que tomó la medida tras las quejas de vecinos y otras denuncias, entre ellos de un propietario que le alertó de que venía sufriendo filtraciones en su casa-cueva por las pérdidas de la tubería.

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