La Fiscalía pedirá el próximo martes once años y nueve meses de cárcel para el exconcejal de Obras de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) Francisco Guedes (PSOE), al que acusa de haberse dejado sobornar por dos empresas que pretendían obtener ilícitamente ventajas del municipio.

La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar la próxima semana la "operación Paraíso", en una vista que deberá dilucidar si, entre 2005 y 2007, la constructora Mazotti y la empresa Hernández Perera compraron a varios concejales y funcionarios del principal municipio turístico del sur de Gran Canaria para conseguir contrataciones directas de otras o preferencia en la compra de un solar público.

La acusación pública sitúa en el centro de la trama al concejal Pacuco Guedes y a su hijo, Jonás Guedes, administrador de una empresa de excursiones marítimas, a los que reprocha haber recibido sobornos de 243.606 euros de ambas empresas en forma de trabajos y obras realizadas en su embarcación Atlantiss y en su vivienda.

El Ministerio Fiscal sostiene que el director general de Mazzoti, Alejandro Navarro, compró al concejal de obras de San Bartolomé de Tirajana con más 240.000 euros destinados a suministros, reparaciones y mano de obra del barco de su empresa familiar, con el propósito de que este consiguiera que el Ayuntamiento le concediera las obras de urbanización del poblado Cesa, en El Pajar.

Sobrecostes

La empresa consiguió en subasta abierta una primera fase, adjudicada por 342.912 euros, y luego logró otros 261.741 euros adjudicados de forma directa "y totalmente ilegal" para acometer una supuesta segunda fase, que la acusación pública sostiene que no existía, sino que sirvió para pagar sus sobrecostes.

En ese propósito colaboraron, supuestamente faltando a sus deberes como responsables públicos, el concejal de Urbanismo y Contratación, Juan Santana, y el arquitecto municipal, Fernando Rivero, según el escrito de cargos presentado por la Fiscalía.

En cuanto a los hechos relacionados con la empresa Hernández Perera SL, la acusación pública los relaciona con su interés por adquirir un terreno municipal colindante con otro suyo, en concreto, el del campo de fútbol y el polideportivo de Aldea Blanca.