La plaga de la diocalandra avanza sin control por los palmerales de Gran Canaria y ya amenaza a los árboles situados en las medianías y cumbres de la mitad sur de la Isla, donde se encuentran los endemismos de mayor pureza genética de Phoenix canariensis, lo que ha obligado al Cabildo a preparar barreras o cordones sanitarios para evitar que el insecto alcance lugares tan emblemáticos como La Sorrueda, El Ingenio de Santa Lucía, el barranco de Tunte o Ayacata.
La medida llegará tarde para otros palmerales silvestres como los de Fataga o Ayagaures, que según advierten los expertos ya están afectados por Diocalandra frumenti, también conocida como picudín o picudo de las cuatro manchas. De hecho, algunos especialistas no descartan que se encuentre ya en las zonas más altas, incluso en la presa de La Sorrueda, una de las imágenes turísticas de la isla.
Al contrario de lo que ocurrió con el picudo rojo, Rinchophorus ferrogineus, que se detectó, se reconoció su peligrosidad y se logró erradicar completamente en septiembre de 2016, en el caso de la diocalandra no hay ningún foco declarado oficialmente por el Gobierno de Canarias, que es el que tiene la responsabilidad última de su control. Las autoridades fitosanitarias declararon su existencia en el Archipiélago en 2007, pero no han tomado medidas para su eliminación.
La plaga de la diocalandra se localizó por primera vez en 1998, en el palmeral de Maspalomas, y desde ahí se propagó por casi todas las zonas costeras, favorecida por las plantaciones a lo largo de la autopista GC-1 desde el sur a la capital.
El objetivo del Cabildo es frenar la subida de la plaga hacia las zonas más elevadas de Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana o Mogán, donde se conservan los ejemplares naturales más sanos, según adelantó ayer el consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, quien explicó que ya se han celebrado dos reuniones de la comisión insular de las palmeras, con presencia de expertos, y que en el tercer encuentro, previsto para mediados de febrero, va a proponer las primeras acciones.
"Lo más importante ahora es impedir que la diocalandra llegue a los palmerales que están en los espacios naturales de las zonas altas", comentó Brito, que eludió especificar las medidas hasta que no sean consensuadas con las demás administraciones implicadas. En el Cabildo, aparte del área de Medio Ambiente, también se van a movilizar las consejerías de Obras Públicas y de Sector Primario.
En los Presupuestos de la corporación para este año, Medio Ambiente dispone de 100.000 euros, a través de los fondos Feader, para la conservación de la palmera canaria, recordó Brito, quien resaltó que "es la primera vez que el Cabildo destina una partida específica para los palmerales".
"Se trata -apuntó- de financiar los trabajos selvícolas y otras tareas destinadas a la conservación de palmerales silvestres, así como responder a las peticiones de los ayuntamientos, aunque siempre teniendo en cuenta que las competencias fitosanitarias son del Cabildo de Gran Canaria".
Aunque el Cabildo no quiere abrir un nuevo frente con el Ejecutivo autónomo, sus técnicos sí reprochan en privado "la dejación" en la lucha contra la diocalandra, pues han pasado casi veinte años desde su detección y, pese al daño que está causando, aún no se ha declarado ningún foco.
El Cabildo, en 2014, incluso hizo un estudio en el palmeral de Cabo Verde, en Moya, para evaluar los efectos de la plaga. Aunque la diocalandra no es tan dañina como el picudo rojo, puede acabar con los ejemplares abandonados o faltos de riego, como ocurrió con las que se plantaron en varios tramos de GC-1 a su paso por Telde o San Bartolomé de Tirajana. A largo plazo es igual de mortífera.
Las llamadas de alarma se han sucedido en los dos últimos años por parte de los expertos. A finales del pasado octubre, en unas Jornadas de Medio Ambiente celebradas en Santa Lucía, el técnico Marco Díaz-Beltrana advirtió de que ya se habían descubierto palmeras afectadas en Ayagaures, desde la costa hasta Las Tederas, y en el barranco de Arguineguín a partir de El Pinillo. A su juicio, la propagación de la plaga era, ya en aquellas fechas, era muy preocupante.
Un mes antes, en septiembre de 2016, el biólogo Pedro Sosa también avisaba de una extensión "alarmante y muy grave" que ya alcanzaba al palmeral de Fataga, por lo que proponía "actuar con rapidez y contundencia".
En Santa Lucía, San Bartolomé y Mogán se concentra la mitad de las 43.000 palmeras adultas que existían en Gran Canaria hace diez años, según el Atlas elaborado en 2007 por un equipo de biólogos de la ULPGC. La otra mitad está más dispersa por el resto de la isla, especialmente en los barrancos del Guiniguada y de Telde. Cuanto se hizo ese estudio se contabilizaron 250 palmerales naturales, con 20.000 ejemplares jóvenes, lo que daba un total de 63.000 palmas. Otros cálculos más recientes del Cabildo señalan que hay unos 125.000 ejemplares de palmera, pero no especifican su ubicación, cubriendo 52,9 kilómetros cuadrados, un 3,71% del territorio insular.
