Juan Manuel Brito reiteró ayer que no entregará el acta de consejero del Cabildo y dejó en manos de Antonio Morales su continuidad en el gobierno insular, mientras que los tres grupos de la oposición -PP, Unidos y CC- reclamaron su destitución y pidieron al presidente que no busque argumentos "retorcidos" para incumplir la ley antitransfuguismo, al tiempo que advirtieron del riesgo de que se anulen todos los actos administrativos realizados por Brito a partir de hoy, una vez notificada oficialmente la expulsión de Podemos.
"Yo no acato la decisión de la Comisión de Garantías de Podemos porque entiendo que es un acto ilegal; a partir de ahí voy a recurrir a la vía judicial y no entrego el acta", declaró Brito, quien mostró su disposición a seguir formando parte del gabinete de Morales porque considera no hay ninguna razón en la acción de gobierno, sino cuestiones ajenas.
"Yo estoy muy tranquilo porque no me he ido de un partido a otro ni me he prestado a cambiar mayorías de gobierno; estoy en el mismo sitio de siempre y desde el primer minuto de defendido este pacto, lo que no han hecho otros", sostuvo Brito, quien precisó que el presidente Morales tomará una decisión en base a lo que digan los servicios jurídicos. Brito también calificó de "falsas" las acusaciones de una antigua empleada de la ONG Canarias en Red en las que asegura que hizo "trampas" para ser nominado como cabeza de lista de Podemos.
Sin esperar a la reunión de mañana, el PP exigió a Morales que "no retuerza la ley" y relegue al vicepresidente Brito al grupo de los No Adscritos si no devuelve su acta de consejero. "Le pedimos al presidente del Cabildo que no tome por tontos a los ciudadanos argumentando que como ya tenía un cargo y un sueldito antes de ser expulsado de Podemos lo puede mantener sin problemas en el gobierno tripartito", declaró el portavoz Felipe Afonso El Jaber.
Los populares consideran que la Ley de Cabildos aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias al objeto de perseguir el transfuguismo político, y en vigor desde junio de 2015, "no deja lugar a dudas y es absolutamente clara en relación a este asunto, por lo que las interpretaciones de Morales para mantener a Brito en el gobierno tripartito no se sostienen desde el punto de vista jurídico.
Afonso El Jaber basa sus afirmaciones en el artículo 88.4 de la Ley de Cabildos, que establece que los consejeros no adscritos "no podrán obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Cabildo".
"Basta con acudir a la Real Academia Española para comprobar que 'obtener' significa, en su segunda acepción, tener, conservar o mantener, por lo que resulta evidente que el razonamiento de Morales al alegar que Brito había sido nombrado vicepresidente y consejero antes de su expulsión de Podemos carece de todo fundamento jurídico", subrayó.
Por su parte, el portavoz de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna, dijo que "la Ley es muy clara" y que confía en que Morales la cumplirá, pero mostró su preocupación por la validez de los actos de Brito como responsable público a partir de ahora, pues podrían "estar viciados de nulidad". Bravo esperará a conocer esos informes jurídicos, pero no entiende "la obsesión" en mantener a Brito porque no corre peligro la mayoría de gobierno.
