El dinero manejado de 2002 a 2007 por dos de los acusados de cohecho en el 'caso Paraíso', el edil Francisco Guedes, del PSOE, y el secretario accidental Antonio Muñiz, fue superior a las retribuciones que percibieron del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, según la Policía.
En la quinta sesión del juicio que sigue la Audiencia de Las Palmas contra sus ocho acusados, en la que han declarado los policías que llevaron a cabo la investigación y sus detenciones, el agente que investigó los patrimonios de Guedes y Muñiz señaló que el edil manejó en esos años un volumen de 845.000 euros, cuando sus retribuciones netas fueron de 368.226 euros.
En el caso de Muñiz, el volumen fue de 580.000 euros, lo que tampoco se justificaba con sus ingresos, que cifró en 389.819 euros, ha explicado el policía al tribunal, al que también informó de la situación de la empresa Excursiones Marítimas, propiedad de Jonás Guedes, hijo del edil y también acusado en el proceso.
Esta empresa presentaba en 2005 unas pérdidas anuales que ascendían a 55.000 euros, ha indicado el testigo, quien ha añadido que entre 2006 y 2007 presentó más de 200.000 euros de ingresos, referidos a los pagos efectuados por la empresa Mazotti, y entre febrero y junio de 2007 ingresos en efectivos por fiestas que se hacían en el barco de 143.000 euros.
El secretario de las diligencias policiales ha declarado que Mazotti, propiedad del empresario Alejandro Navarro, otro de los imputados en la causa, "pagó todos" los gastos de Excursiones Marítimas durante los meses de 2006 y 2007 que se le investigó.
Este testigo ha indicado que investigó los pagos efectuados por Mazotti para reparar el barco "Atlantis", de Excursiones Marítimas, y su conexión con la adjudicación de la segunda fase de la obra de urbanización de poblado Cesa a la citada empresa, donde detectó irregularidades que el arquitecto técnico municipal Fernando Rivero y el concejal de NC José Juan Santana conocían y que precisó del voto de Guedes, según ha dicho.
El secretario de las diligencias ha señalado también que el acusado Antonio Hernández tenía un "cabreo mayúsculo" porque estaba "soltando mucho dinero y no lograba su fruto", que el Ayuntamiento le vendiera el solar del campo de fútbol de Aldea Blanca, y que sus quejas las trasladaba a los acusados y a una vidente que frecuentaba mucho, Salomé, y en una ocasión a su sustituta Miranda.
Así mismo, ha indicado que la operación de la venta del campo de fútbol se "reventó" debido a la operación policial llevada a cabo el 28 de junio de 2007, cuando se detuvo a seis de los acusados, ya que dos de ellos, Santana y Rivero, fueron imputados con posterioridad.
El policía que investigó el patrimonio de los acusados también redactó el atestado relacionado con el campo de fútbol, de 5 de mayo de 2010, y concluyó que "todo se hizo con ánimo de obviar los procedimientos legales" para adjudicar a Antonio Hernández la venta de ese solar a partir de los pagos que efectuaron, en dinero o en "especie", él y su hijo Esteban (también acusado) a Guedes y Muñiz.
El inspector que llevó a cabo la investigación del 'caso Paraíso' ha explicado que partió de una denuncia presentada en Maspalomas en octubre de 2006 y ha defendido que las actuaciones llevadas a cabo fueron conforme a la ley y ha asegurado que "no respondió a una operación política".
"Perseguimos delitos y eso es lo que vimos", ha afirmado el inspector y jefe del grupo IV de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), al que por competencias correspondió el caso, según ha explicado al tribunal, al que también ha indicado que primero se centraron en el concejal de Vías y Obras, Francisco Guedes.
Según ha detallado este inspector, Guedes disponía de tres teléfonos móviles, pero para poder "hablar con tranquilidad" pedía que le llamaran al de su chófer, Antonio Reyes, quien en un principio estuvo imputado también en la causa.
El juicio, que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, continuará el jueves con la declaración de más testigos.
