El fiscal sostuvo ayer en las conclusiones definitivas del caso Paraíso que el exedil socialista del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Guedes, y el exsecretario accidental, Antonio Muñiz, cobraron "dádivas" por beneficiar en un caso al director de Mazotti, Alejandro Navarro, en la adjudicación de las obras de Poblado Cesa, y en el otro al empresario Antonio Hernández, administrador de Construcciones Hernández Perera, en la compra de un campo de fútbol , de propiedad municipal, en Aldea Blanca. En la última sesión del juicio, que se ha desarrollado a lo largo de ocho vistas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el representante del Ministerio Fiscal, José Antonio Blanco, consideró que tanto las conversaciones telefónicas grabadas por la policía como las pruebas documentales recabadas durante la investigación acreditan que Pacuco y Muñiz incurrieron en un delito de cohecho, aunque al ex edil le acusa también de prevaricación. Así Guedes, que ya estuvo en prisión cuando se desató esta trama de corrupción en 2007, se enfrenta a penas de cinco y nueve años por estas acusaciones, y Muñiz a cinco años.
Dio por hecho el fiscal que el constructor Alejandro Navarro, procesado también por cohecho, se "ganó la amistad" de Francisco Guedes para conseguir "favores" en la tramitación del expediente de Poblado Cesa, y en otros proyectos de viviendas en El Pajar y Castillo del Romeral. Se refirió a como desde noviembre de 2006 a mayo de 2007, el dueño de Mazotti se hace cargo de las facturas de la empresa Repnaval por la reparación de la embarcación Atlantis, de la que era titular el hijo del exedil, Jonás Guedes, y el pago de las nóminas de los trabajadores de la empresa familiar Excursiones Marítimas que suponen el desembolso de 240.000 euros.
Insistió el fiscal en que si bien Guedes y Navarro han defendido que tenían previsto constituir una sociedad, dado el interés del director de Mazotti por participar en el negocio del buque, sin embargo, no aparece ningún acta en la que se contemple la entrada del constructor en la empresa familiar. Además, destacó que ante las pérdidas que había tenido Excursiones Marítimas en 2005 era evidente que ningún banco iba a aportar financiación, por lo que remarcó que la inyección de liquidez de Mazotti se considera una dádiva, porque se trató de "un pacto verbal que no se reflejó en ningún documento".
Asimismo, puso de relieve como en los pinchazos realizados a las charlas que mantenían Guedes, Muñiz, y al que fuera chófer del ex edil, Antonio Reyes, que primero estuvo acusado, y luego quedó fuera del proceso, en el que son inculpados después el exedil José Juan Santana, y el arquitecto Fernando Rivero, se aludía a Navarro como "ese señor" porque sospechan que están siendo grabados y "carece de legalidad lo que hacen". Destacó además, como el propietario de Mazotti le recuerda a Guedes que tenía que acudir al pleno de 14 mayo de 2007 porque su voto era necesario para que le adjudicaran a su empresa la segunda fase de la urbanización de Poblado Cesa.
También culpó al arquitecto Fernando Rivero, de "mentir" porque sabía que la citada urbanización no estaba terminada, y justificó la continuidad de la obra en lugar de sacar a concurso público los trabajos. En base a estos hechos le mantuvo los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Además, acusó al exedil nacionalista José Juan Santana de "engañar" a los concejales del pacto (PSOE, NC, CCN) por decirles que iban a aprobar es un reconocimiento de crédito para pagar a Mazotti en lugar de la adjudicación y por retirar un informe del expediente realizado por Intervención. En este caso, el que fuera concejal de Contratación se enfrenta a los delitos de prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documento.
En cuanto al campo de fútbol de Aldea Blanca, el Fiscal también dio por probado que el constructor Antonio Hernández entregó 24.000 euros, en dos pagos, a Muñiz a cambio de que le ayudara a que el Ayuntamiento le vendiera el suelo del campo de fútbol en Aldea Blanca para colocar los camiones de su empresa.
Las defensas coincidieron en señalar que no hay cohecho, prevaricación ni el resto de delitos que advirtió el Fiscal, que solicitó entre cinco y diez años de cárcel para los procesados, sino una investigación incorrecta que ha alargado la causa once años.
Juan Sánchez Limiñana, letrado de Muñiz y Jonás Guedes, advirtió que las conversaciones sobre los pagos no se han podido acreditar, y tampoco justifican que se haya realizado un juicio penal.
Por su parte, Eligio Hernández, que defendió a Pacuco Guedes manifestó que "se ha estado buscando una noticia" posterior a los hechos denunciados en 2007 para justificar once años de instrucción. A su vez, Pedro Limiñana, que ejerció como letrado de José Juan Santana, dijo que lo que intentó el exedil fue defender el interés general y el derecho de los vecinos a que se acabara la obra de Poblado Cesa, y destacó que no se ha incurrido en prevaricación sino que todo ha sido consecuencia de la falta de estabilidad en la plantilla del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana porque "nunca están los que están cualificados".
