La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias invertirá casi 2,6 millones de euros para sellar y reacondicionar los dos vertederos ilegales localizados en Gran Canaria, en este caso el de Cueva Lapa-Costa Botija y de Montaña de Amagro, ambos en Gáldar, para cumplir con las exigencias de Europa. Los terrenos, que ocupan 31 hectáreas de superficie, serán repoblados con especies propias de la zona.
La Unión Europea puso los ojos en Canarias por la presencia de viejos basureros ilegales, por su alto poder de contaminación, advirtiéndole de las posibles sanciones. Antes este anuncio, el Ejecutivo regional ha decidido poner los medios para eliminar este problema de inmediato, y evitar de esta forma las posibles multas.
La mayoría de este depósitos crecieron hace décadas por la falta de complejos medioambientales como los que se han ido adaptando y los actuales de Juan Grande y Salto del Negro, que cuentan con zonas de tratamiento y reciclaje adaptados a la normativa medioambiental. Pero el daño ya estaba hecho.
Dentro de los presupuestos para este año el Gobierno de Canarias incluye una partida de siete millones para actuar en ocho de los 19 espacios en los que actuará con carácter prioritario. En esta iniciativa se incluye para este ejercicio la intervención en los dos vertederos de Gran Canaria, que se localizan en ambos casos en las inmediaciones de la costa de Gáldar.
La directora general de Protección de la Naturaleza, Sinesia Medina, señala que las obras deberán estar acabadas en ambos casos en 2018, para cumplir con la Unión Europea. Y para ello el Gobierno de Canarias ha trabajado de la mano del Ayuntamiento norteño para acelerar los trámites burocráticos, firmando convenios de colaboración.
El proyecto del vertedero de Amagro, que está afectado por la infracción 2006/2311 abierta por la Comisión Europea, se extiende sobre una superficie de nueve hectáreas de suelo municipal.
Los trabajos consistirán en la eliminación de las antiguas construcciones existentes, y el movimiento de tierras y de materiales, con la finalidad de retirar todos los residuos que puedan ser reciclados o que puedan ser tratados por gestores autorizados, para evitar mayores afecciones al entorno. Luego se acondicionará el espacio con tierras limpias, tratando de esta forma de que se integre en el paisaje del entorno. Y en la superficie se plantarán especies propias del lugar.
El objetivo, según la directora general de Protección de la Naturaleza, es "recuperar el entorno desde un punto de vista ambiental y paisajístico", tratando de devolverle la imagen que tenía antes de convertirse en escombrera.
El presupuesto de licitación es de 1.088.966,54 euros, con un plazo de ejecución de nueve meses.
El proyecto se encargó a la empresa pública Gesplan. Y dado que la zona ocupada por el vertedero podía afectar al Espacio Natural de Amagro, se inició un proceso ambiental simplificado con audiencia al Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento y el colectivo ecologista Ben Magec. El informe final recoge que la actuación no afecta a esta área, por lo cual la intervención es compatible con la conservación del territorio.
Mientras, el vertedero de Cueva Lapa-Costa Botija se extiende sobre 22 hectáreas. Y, al igual que en el caso anterior, también se acometerán tareas para retirar de la zona los residuos que puedan ser reciclados , incluyendo el acondicionamiento el terreno con tierras limpias, antes de su sellado definitivo, para rematar cubriéndolo con tierra y vegetación propia del lugar.
Se trata de devolverle a la imagen que pudo tener en el paso, tanto ambiental como en lo referente al paisaje, incide el proyecto promovido por el Ejecutivo regional.
La inversión en este caso asciende a 1,5 millones de euros en conjunto, y el plazo de ejecución es de ocho meses.
En 2015 se encargó la redacción de este último proyecto de clausura y sellado de las dos zonas. Pero, como existían dudas técnicas sobre las fincas, se encargó un nuevo levantamiento topográfico actualizado, que fue entregado en septiembre de 2016, y que servirá de base para acometer estos nuevos trabajos especializados.
El vertedero, con su inicial planta de reciclaje situado en este paraje natural de Costa Botija dejó de funcionar en la década de los años ochenta. Sin embargo, los vecinos siguen utilizándolo en muchas ocasiones para arrojar todo tipo de basuras, causando graves daños al entorno.
El caso de Gran Canaria con la presencia de estos vertederos ilegales no es exclusivo. El Archipiélago concentra 19 vertederos ilegales de grandes proporciones, y a los que se les pretende poner fin. De momento, en esta primera fase el Gobierno regional intervendrá en ocho de ellos. Por este motivo, los presupuestos regionales reservaron unos siete millones de euros para este ejercicio para poner remedio a este problema ambiental, y cumplir también con las exigencias de la Europa.
El censo contempla otras tres zonas a intervenir en Montaña del Tesoro, Faro de Orchilla y Los Llanitos, todos ellos en El Hierro. Y, a su vez, en La Palma se actuará en Lomo Alto y Barranco Seco.
La Unión Europea también ha lanzado su advertencia a otras comunidades autónomas españolas por el mismo motivo, y que también se enfrentan a sanciones económicas si no actúan en los próximos meses para su completa erradicación.
