Agentes de la Guardia Civil registraron este miércoles durante varias horas las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro de Canarias, en la calle Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria.
Según los primeros indicios, se estaría investigando una presunta trama en la que estarían implicados tanto funcionarios como un número indeterminado de gestorias, de apropiación de fincas rústicas. En realidad, esta operación tiene un precedente en la iniciada en noviembre de 2015, cuando fueron detenidos nueve miembros de una organización que supuestamente estaba especializada en la venta fraudulenta de propiedades inmobiliarias, incluidos tres funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas, con sede en la capital grancanaria.
Las propiedades presuntamente usurpadas entonces se correspondían con fincas rústicas y urbanas, cuya superficie total está próxima a los 50.000 metros cuadrados, con un valor los dos millones de euros.
A los arrestados entonces se les imputaron delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y pertenencia a una organización criminal.
La trama presuntamente sustraía de diversas maneras solares urbanos y rústicos para ponerlas a la venta sin el consentimiento de sus verdaderos propietarios. Ese patrón delictivo consistía en realizar inscripciones catastrales, protocolos notariales y contratos de compraventa privados falsos de personas fallecidas. Luego, para darle visos de legalidad, el grupo elevaba a público los traspasos de las propiedades afectadas y ocultaban la operación a los propietarios de los bienes usurpados.
La organización, presuntamente, también indujo a engaño a varios notarios para que redactaran una serie de protocolos que no se ajustaban a la realidad o, en otros casos, duplicaban la titularidad de una propiedad.
