La expropiación de un única finca retiene el inicio de las obras de ampliación de la carretera de Las Palmas de Gran Canaria a Teror (GC-21). La Consejería de Obras Públicas del Cabildo asegura, en cualquier caso, que las obras se iniciarán tras el verano, tras una revisión parcial para aminorar la tala de árboles. La inversión alcanza los 6,6 millones, y tiene un plazo de ejecución de doce meses.
El Cabildo tramitó hace dos años el expediente para expropiar casi medio centenar de fincas, que permitirán acometer el proyecto de acondicionamiento de la carretera desde la glorieta de conexión con la urbanización de Ciudad del Campo hasta el comienzo del nuevo viaducto de Teror, para facilitar el paso de camiones pesados, sobre todo de las industrias terorenses del agua y la bollería. La casi totalidad de fincas tienen una calificación del suelo rústico, ya que sólo cinco son urbanas, y todas ellas son improductivas. Y es muy anhelada en la Villa mariana.
La obra contempla el establecimiento de un ancho mínimo de plataforma con calzada de seis metros y arcenes pavimentados, mediante desmontes y muros de contención. Así como la ejecución de intersecciones en las conexiones a San José del Álamo y el barrio de Las Mesas, para evitar retenciones de tráfico y mejorar la visibilidad y el radio de giro de las guaguas.
Dos años después de comenzar este proceso que afecta a un total de 33.406 metros cuadrados de superficie en ambos municipios, la Consejería sigue pendiente ahora la compra de una última propiedad en Las Mesas, de la que no ha sido posible cerrar la operación con los dueños.
El consejero, Ángel Víctor Torres, señala que la voluntad institucional es alcanzar el 100% de acuerdos con los afectados, si bien resalta que una finca no va a paralizar este proyecto, a la espera de resolverse la identificación de los titulares, por lo que se buscarían otras fórmulas. Y por este motivo, trabajan para adjudicar la obra en la segunda mitad del año, y comenzar de inmediato para no dilatar el proyecto más tiempo. De momento, el Ejecutivo insular tiene previsto llevar a cabo algunas modificaciones en el trazado, con la finalidad que reducir el impacto medioambiental y facilitar la reforestación de los márgenes de la vía.
Un año de ejecución
El plazo de ejecución de la obra es de 12 meses, por lo cual las instituciones confían en que pueda entrar en servicio a finales de 2018. El presupuesto ronda los 6,6 millones de euros.
Por otro lado, el alcalde de Teror, Gonzalo Rosario, admite la complejidad de la modificación de los planeamientos urbanísticos para facilitar la construcción de un ramal de esta misma carretera entre El Toscón y la autovía de la capital a Arucas (GC-3), que evitaría al mismo tiempo las retenciones de tráfico en la salida por Ciudad del Campo.
En cualquier caso, destaca que es la alternativa más viable, ante la congestión que se espera con la inauguración del complejo comercial de Tamaraceite, en la capital, y el enorme volumen de vehículos que se moverá por la zona.
