La Audiencia de Las Palmas ha señalado para la primera semana de octubre el juicio contra el vigilante forestal que causó en 2007 el mayor incendio forestal de Gran Canaria. Juan Antonio Navarro, que ha mostrado su disposición a aceptar ocho años y medio de cárcel tras reconocer los hechos, se sentará en el banquillo los días 2, 3, 4, 5 y 6 de octubre, según el auto de hechos justiciables dictado por el magistrado Salvador Alba.

La resolución judicial, que pone fin a un año de negociación para llegar a un acuerdo extrajudicial sobre las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil, fue notificado ayer a las partes, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y media decena de compañías aseguradoras, con abogados como José María Palomino, Pino López , Idoia Mendizábal o Víctor Martínez implicados en esas negociaciones a varias bandas.

Según fuentes judiciales, casi todos los afectados con derecho a indemnización han llegado a un acuerdo con el Cabildo y con Gesplan, la empresa del Gobierno canario para la que trabajaba el vigilante forestal. Palmitos Park, que sufrió cuantiosos daños en su parte temático de animales ubicado en San Bartolomé de Tirajana, es el único perjudicado que no ha llegado un pacto para cerrar la indemnización. En cualquier caso, los flecos pendientes se resolverán, como mucho, en esa semana de juicio. Si no se hubiera llegado a ese acuerdo general, el pleito se demoraría otro medio año con una vista oral más extensa, añaden las fuentes. De ahí la satisfacción para las partes. Las llamas se iniciaron en el barrio del Carrizal de Tejeda y quemaron casi 20.000 hectáreas durante cinco días, 8.000 de ellas de bosque en las reservas naturales de Inagua y Pajonales. Las causó Navarro con una caja de cerillas. Lo hizo porque quería que le renovaran el contrato tras ese verano. Lo confesó a la Guarda Civil tras dar datos falsos de los supuestos autores y derrumbarse en un interrogatorio. El calor, la humedad y el viento contribuyeron a que el fuego atravesara la cumbre. Hubo que desalojar a 4.500 vecinos de cuatro municipios. Gobierno y Cabildo están acusados como responsables civiles subsidiarios porque Navarro era un vigilante contratado por la empresa pública Gesplan. Ambas instituciones afrontan una indemnización total cercana a los 20 millones de euros.