La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, se reunió ayer con alcaldes y concejales de los 21 municipios de la Isla para que le transmitan las necesidades en materia de infraestructuras sociosanitarias en los próximos cinco años. Con ello se pretende evitar los actuales desajustes entre la oferta y la demanda de plazas en residencias de mayores o en atención a personas con discapacidad.
El Cabildo incluirá las reclamaciones de los municipios en el Plan Insular de Infraestructuras Sociosanitarias, que se está elaborando de cara a la firma de un nuevo convenio con el Gobierno de Canarias. La actual planificación es del año 2002, cuando se negoció el primer convenio, y se ha quedado "totalmente desfasada", explicó Máñez, quien consideró que "es necesario lograr un compromiso del Gobierno de Canarias para que, si finalmente el Plan se pone en marcha, estén conveniadas el número de plazas sociosanitarias que se precisan en cada municipio".
Máñez advirtió de que se corre el riesgo de que los ayuntamientos construyan nuevos centros sociosanitarios y luego no se puedan utilizar porque el convenio con el Gobierno regional no recoja la financiación de esas plazas.
En la reunión, a la que asistieron los alcaldes de Agüimes, Artenara, Gáldar, Guía, Teror y Valleseco, y concejales del resto de los ayuntamientos, se intercambiaron datos y se llegó al compromiso de evaluar las prioridades para los próximos cinco años. "En cualquier caso", añadió la consejera, "no hay que perder de vista que las miras deben estar puestas a 20 años vista, porque los retrasos en la planificación los estamos sufriendo en la actualidad".
Financiación
El departamento de Máñez se encargará de coordinar esas necesidades municipales y solicitará al Gobierno de Canarias que se haga cargo de la financiación de, al menos, el 50% de la cuantía total de cada plaza. A su juicio, la falta de planificación de un modelo de gestión que atienda la necesidad de crecimiento en plazas e infraestructuras necesarias ocasiona al Cabildo dificultad para ajustar oferta y demanda.
"Vamos con un déficit permanente de planificación; solo se ha tenido en cuenta la infraestructura existente para la creación de nuevas plazas sin atender al incremento de la esperanza de vida o la tasa de envejecimiento", sostuvo.
Tanto los responsables municipales como la consejera destacaron en el encuentro la necesidad urgente de trabajar en los modelos de promoción de la autonomía personal con programas de carácter comunitario, con servicios que permitan mantener a las personas en sus domicilios durante más tiempo, con una atención cercana y favorecedora de una mayor vida autónoma. "Ese es otro de los déficits que arrastra el desarrollo de la Ley de la Dependencia en Canarias", opinó Máñez, quien resaltó que la atención sociosanitaria es uno de los pocos sectores que garantiza la creación de empleos estables. A su juicio, el Gobierno canario perdió la oportunidad de incluir esas infraestructuras en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), tal como demandaban los cabildos.
Por último, rechazó la idea de que los convenios entre las tres administraciones se tengan que firmar año a año.
