La Ficalía solicita una pena tres años de inhabilitación para el desempeño de un empleo o un cargo público para el exalcalde de Mogán, Francisco González (PP), por impedir durante el pasado mandato la grabación de las sesiones plenarias a los concejales de Ciuca, Luis Miguel Becerra y Mencey Navarro, que formaban parte de la oposición. La representante del Ministerio Fiscal, Elena Herrera, señaló ayer en la vista oral que se celebró en el Jugado de lo Penal Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria que el exalcalde "no tenía motivos" para no responder a los ediles cuando le solicitaban por escrito permiso para grabar las sesiones, y consideró el que fuera regidor de Mogán de 2011 a 2015 vulneró los derechos cívicos de estos concejales porque si autorizó que otros particulares realizaran esos registros sonoros.
Durante el juicio, que el juez Juan Gallego, dejó visto para sentencia , testificaron además, de los denunciantes, que ahora forman parte del grupo de gobierno de Mogán, la propia alcaldesa, Onalia Bueno, que en el momento de los hechos era edil de Ciuca en la oposición, así como la socialista María del Pino González, en la actualidad socia del grupo municipal. Bueno que reconoció su "enemistad" con González aseguró que el excalde si dejó tomar videos en un pleno a trabajadores de la Clínica San Roque y encargó esta tarea a MaspalomasAhora, mientras que a los ediles de Ciuca sles negaba este derecho.
Por su parte, la acusación particular, que pidió una pena para Francisco González de seis años de inhabilitación para empleo o cargo público, subrayó que desde diciembre de 2012 hasta el mismo mes 2013 el procesado impidió a los ediles de Ciuca "sin ningún motivo" la grabación de los plenos, y que, además les incautó en ocasiones el material audiovisual, y hasta ordenó la expulsión de Luis Miguel Becerra de una sesión.
Asimismo, puso de relieve el letrado de la acusación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió una sentencia en 2013 que anuló el artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que impedía tomar audios de los plenos. También señaló que los Juzgados de lo Contencioso y la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han condenado en ocho sentencias la vulneración de los derechos fundamentales por parte del ex regidor de Mogán por no dejar grabar esas sesiones, y advirtió que pese a estos dictados jurisdiccionales y las recomendaciones del Fiscal y hasta del Diputado del Común, González mantuvo la misma actitud.
Sostuvo la defensa que los hechos denunciados no justifican una causa penal , y solo cabe la vía administrativa, dijo que en la vista se ha demostrado que " los ediles de la oposición actuaban de forma rebelde porque su intención era boicotear los plenos". Se basó en sentencias del Supremo así como de la Audiencia de Córdoba y de Jaén para defender un proceso administrativo y pedir la absolución para el exregidor de Mogán.
"El agotamiento de tanta presión mediática y tanta coacción llevaban a las sesiones plenarias a extremos que eran irrespirables" manifestó Francisco González ante el juez. Explicó que creyó que el artículo 107 del ROM prohibía grabar los plenos, y que autorizarlo suponía incumplir el reglamento Asimismo, comentó que actuó a instancias del secretario municipal que le dijo que" no era coherente" lo que sucedía con Ciuca, cuestión que corroboró el funcionario Domingo Arias, que apuntó que en otros ayuntamientos como el capitalino, donde trabaja ahora, tampoco pueden tomar imágenes los concejales. Declararon también el secretario accidental, dos ediles del PP, una de CC, y una empleada de Televisión de Mogán.
