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Agüimes

Agüimes rechaza el traslado de la Base Naval de la capital al puerto de Arinaga

El pleno del consistorio debate el próximo lunes una moción de oposición a la propuesta

Agüimes rechaza el traslado de la Base Naval de la capital al puerto de Arinaga

El grupo Roque Aguayro, que gobierna con mayoría absoluta el Ayuntamiento de Agüimes, tiene previsto llevar al pleno ordinario del mes de abril, que se celebra el próximo lunes, una moción de rechazo a la posibilidad de trasladar las instalaciones de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria al puerto de Arinaga. El texto, que será presentado por el concejal Agustín Trujillo, lleva por título un inequívoco 'No a la base naval en el puerto de Arinaga' y solicita "el mismo respeto" de las administraciones públicas con el consistorio agüimense y "con el resto de ayuntamientos de Gran Canaria".

El documento arranca recordando que "desde hace muchos años" el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diversas organizaciones sociales de la capital de la Isla han reclamado el traslado de la Base Naval, ubicada en un emplazamiento estratégico junto a la avenida José Mesa y López, para recuperar este espacio e incorporarlo al frente marítimo de la ciudad. En este contexto, indica el texto, el puerto de Arinaga ha sonado "como posible ubicación para un hipotético traslado" de las instalaciones militares, la última de ellas por boca de la concejal de Ciudadanos en el consistorio capitalino, Beatriz Correas.

Esta propuesta choca con los intereses del Ayuntamiento de Agüimes, que de acuerdo con la moción "siempre ha defendido al puerto de Arinaga como un puerto de apoyo a la zona industrial". Roque Aguayro compara este caso con el de la instalación de una regasificadora en el complejo portuario, al que también se opuso en su momento. "La supuesta instalación de la Base Naval de Las Palmas supondría lo mismo, ya que limitaría el futuro de nuestro puerto industrial y comercial", asegura.

El texto no entra a valorar "condicionantes de tipo pacifistas o medioambientales", aunque advierte "que podría" hacerlo. En cualquier caso, recomienda que el traslado se haga "a una zona de nulo o bajo impacto ambiental".

La moción incluye puntos específicos que serán elevados a diferentes administraciones. Por un lado, la oposición frontal y el rechazo a "cualquier propuesta que pretenda el traslado" de las instalaciones militares. Por otro, propone que el traslado de la base "se haga ajustándose a criterios económicos" y de cercanía con el actual emplazamiento "en el mismo puerto de La Luz".

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quiso justificar ayer con rotundidad su postura. "No vamos a permitir, porque no lo hemos permitido antes, no lo vamos a permitir ahora y no lo permitiremos nunca, que cualquier cosa que sobre asociada al desarrollo de otra ciudad se implante en nuestro municipio", sentenció. El primer edil rechazó "de forma tajante" que Arinaga se convierta en el "puerto basura" del de La Luz. "No permitiremos de ninguna manera que para solventar un problema en la capital de la isla, desde el respeto máximo a las decisiones que adopten ellos, se nos vaya a hipotecar el desarrollo del municipio de ninguna manera", concluyó.

Grupo de trabajo

Las reivindicaciones sobre la Base Naval de Las Palmas han regresado a la actualidad en las últimas semanas a raíz de la cuestión parlamentaria formulada a finales del pasado mes de marzo por el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo -cuyo partido está asociado a Roque Aguayro- a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En su pregunta, Quevedo, también segundo teniente de alcalde de la capital, reclamaba de la ministra conocer su posición sobre la recuperación del espacio para el uso civil, tras la propuesta aprobada en comisión por las Cortes en 2016.

La titular de Defensa se comprometió a crear una comisión que estudie el traslado, aunque cuestionó sus costes citando una frase apócrifa atribuida al escritor catalán Josep Pla al preguntarse "esto, ¿quién lo paga?". Este mismo miércoles, la Comisión de Defensa aprobó instar al Ejecutivo a crear antes de final de año un grupo de trabajo con el Gobierno autonómico, el Cabildo, el Ayuntamiento capitalino y la Autoridad Portuaria que valore la iniciativa.

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