El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario aprobó ayer la permuta de una parcela situada en el puerto de Arinaga por dos inmuebles ubicados en la calle Veintidós de Mayo de 1986 del barrio capitalino de La Isleta que hasta ahora eran propiedad del Estado y estaban siendo gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La permuta allana el camino a la instalación de la empresa Petrosigma en el muelle agüimense, donde tiene previsto ubicar un depósito de combustibles de 40.000 metros cuadrados en el que se podrán almacenar hasta 230.000 litros de carburante.
El Gobierno autonómico y Puertos de Las Palmas llevaban dialogando sobre esta permuta desde 2012, cuando se comprobó que parte de los terrenos que la Autoridad Portuaria posee en la zona franca del muelle eran en realidad propiedad de la comunidad autónoma. Este hecho hacía imposible la posibilidad de que se concedieran autorizaciones en la zona, lo que mantuvo paralizado el desarrollo de las instalaciones portuarias durante años.
Inmuebles alquilados
Mientras tanto, la Autoridad contaba con dos inmuebles en La Isleta que estaban siendo alquilados por organismos dependientes del Ejecutivo canario, como el Servicio Canario de Empleo, que pagaba una renta mensual de 6.432 euros por su utilización para tareas de formación de personas desempleadas.
Desde entonces se entabló un proceso de negociación entre las dos administraciones para llegar a un acuerdo que satisficiera a ambas partes. Aunque la valoración de los inmuebles era similar, fue necesaria la realización de una tasación independiente que cuantificó el solar de Arinaga, de 15.201 metros cuadrados, en 3.298.336 euros, y los inmuebles de La Isleta en 3.299.960 euros.
La permuta se retrasó por distintas trabas burocráticas que a su vez bloquearon la concesión de Petrosigma por parte de la Autoridad Portuaria. Sólo cuando la abogacía del estado estudió los informes favorables a la permuta dio su visto bueno a la autorización a la petrolera, aunque siempre supeditada a que si finalmente la permuta no era posible, la compañía no podría realizar reclamaciones.
Con el acuerdo alcanzado ayer por el Consejo de Gobierno, la permuta estará concluida a falta de trasladar su contenido a una escritura pública que cambie los títulos de propiedad de la parcela y los edificios. Se prevé que la firma de estos últimos documentos pueda estar realizada en dos semanas.
