El Ayuntamiento de Santa Lucía pagará una indemnización de 325.239,54 euros a Domingo y Diego Betancor Hernández en concepto de indemnización por la expropiación por la vía de hecho del Estanque Blanco de Casa Pastores, un depósito de aguas de riego con capacidad para 40.000 litros del que los dos hermanos eran parcialmente propietarios por herencia familiar. La cantidad fijada para la compensación, que el Gobierno municipal no recurrirá al considerarla ajustada al valor real de la propiedad, fue estipulada en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico dictada el pasado mes de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número seis de Las Palmas de Gran Canaria.

En su resolución el juez fija la indemnización a partir de la estipulación del valor de mercado de las parcelas -sus dimensiones están calculadas en 254 metros cuadrados cada una- expresado en un informe pericial procesal. Además de la compensación, el consistorio deberá abonar a los demandantes los intereses legales del dinero, pero sólo a partir de la interposición del recurso contencioso-administrativo, ya que el magistrado considera justificado que el Ayuntamiento no quisiera pagar en la vía administrativa "por tratarse de una pretensión que finalmente quedó acreditada como excesiva". Los hermanos Betancor reclamaban en su demanda un total de 473.944,80 euros.

Con esta decisión judicial el Ayuntamiento logra aclarar finalmente el litigio generado en torno a la propiedad del depósito de agua, que durante décadas perteneció a las familias Blanco y Betancor. Los primeros ya vendieron al consistorio su participación en el bien indiviso "en un solo acto en la época de Camilo Sánchez", según explicó ayer el concejal de Ordenación del Territorio de Santa Lucía, Francisco García. Lo mismo hizo la mayor parte de los herederos de la familia Betancor, aunque según el Ayuntamiento una rama -la compuesta por los dos demandantes y una tercera hermana que actualmente negocia la venta con el consistorio- rechazó los acuerdos y prefirió reclamar la indemnización por la vía judicial.