Los juzgados quitan la razón al Ayuntamiento de Ingenio en los litigios que mantiene desde hace varios años con la empresa concesionaria del servicio de gestión de aguas y alcantarillado, Aqualia. Tres sentencias, dos de ellas firmes, condenan al consistorio al pago de algo más de dos millones de euros correspondientes a las anualidades entre 2008 y 2010.
La más reciente, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria el 23 de enero de este año, se centra en los pagos de los años 2008 y 2009. En su fallo, el magistrado Salvador Alba estima el recurso que había sido presentado por Aqualia contra el Ayuntamiento y reconoce "el derecho de la concesionaria a percibir las cantidades a que alude en su demanda", que ascienden a un total de 752.187 euros, de los que 394.824 pertenecen a 2008 y los restantes 357.363, a 2009.
Alba destaca en la sentencia que "esta demanda ya se ha formulado con anterioridad relativa a otros años, pero con idénticos fundamentos jurídicos y con idénticas pretensiones, habiendo dado lugar al dictado de otras sentencias" que han sido ratificadas por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En concreto, el máximo órgano judicial del Archipiélago ha dictado dos sentencias que hacen referencia a los recursos interpuestos por el Ayuntamiento contra las decisiones de los juzgados de lo contencioso que reconocían el derecho de Aqualia a cobrar una subvención compensatoria por el desequilibrio económico sufrido en el cumplimiento del contrato en los años 2010 y 2011.
La Sección Primera del TSJC desestimó en ambos casos las apelaciones presentadas por el consistorio y ratificó las sentencias condenatorias, por las que Ingenio debe abonar 668.664 euros para la anualidad de 2010 y otros 630.951 euros para la de 2011.
El origen del litigio se encuentra en las diferentes interpretaciones que las dos partes dan a las cláusulas del contrato de 2002 por el que Aqualia se convirtió en concesionaria del servicio durante 25 años, un acuerdo que obliga a comprar el agua desalada a la Mancomunidad del Sureste e impone el mantenimiento del equilibrio económico y financiero.
La posterior combinación del aumento del precio del agua desalada con el descenso de las subvenciones a este proceso sirvió como caldo de cultivo para la aparición de los desajustes que están siendo objeto de los recursos. El concejal de Urbanismo, Dámaso Vega, ya estimó en la reunión plenaria de la corporación de mayo de 2016 que el monto total de todas las reclamaciones puede ascender a 5.368.864 euros hasta el año 2015.
El último recurso recibido por el consistorio se refiere a la anualidad de 2015, por la que ya existe un procedimiento abierto en sede judicial. El consistorio estima que la cuantía del desequilibrio producido en ese periodo ascendió a 407.265 euros. Con el objetivo de hacer frente a esta reclamación, el consistorio ha decidido ponerse en manos de un despacho jurídico especializado en este tipo de litigios. Para ello que acaba de abrir un procedimiento negociado que le permita tramitar la contratación de un servicio externo de asistencia y defensa jurídica que represente los intereses del consistorio.
Aqualia también ha recurrido ante los tribunales por el impago de otras administraciones. El Ayuntamiento de Agaete alcanzó en 2014 un acuerdo extrajudicial con la compañía que le permitió realizar una quita del 50% de la deuda generada a partir de 2002.
