El nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria ha inventariado un total de 146 playas y advierte de que el deterioro del litoral por la presión humana, en muchos casos con daños irreversibles, no solo es una "amenaza" para la biodiversidad marina, sino también para el propio turismo de sol y playa, el principal motor económico de la Isla. A esa situación de "fragilidad" hay que sumar los posibles efectos del cambio climático, entre ellos la reducción de la superficie de las zonas de arena por el aumento del nivel del mar.
La revisión del PIO que tramita el Cabildo propone, entre otras medidas, reducir la presión turística y residencial sobre la costa, rehabilitar las zonas en las que aún es posible, controlar la pesca y el marisqueo, eliminar los vertidos de aguas residuales, crear arrecifes artificiales que regeneren los ecosistemas y declarar siete áreas marinas protegidas.
Las 146 playas reconocidas de Gran Canaria están repartidas entre los catorce municipios costeros y presentan una gran diversidad de tamaños y morfología. Se distinguen dos grandes grupos: las de gran extensión con depósitos de arena y las de cantos rodados de pequeña superficie junto a los acantilados. Las más conocidas tienen problemas de masificación durante casi todo el año y otras están prácticamente vírgenes por el difícil acceso.
San Bartolomé de Tirajana es el municipio con mayor número de playas inventariadas, 38, y le siguen Mogán con 24 y Telde con 18. Artenara cierra el listado con solo una, la de Punta Góngora, desconocida incluso para gran mayoría de la población grancanaria.
Aunque cualquier destino turístico envidiaría un número tan elevado de playas en los 250 kilómetros de costa, el nuevo planeamiento insular alerta de la fragilidad del litoral y lo achaca principalmente al desordenado crecimiento alojativo de las últimas décadas.
"Si el desarrollo turístico de los próximos años sigue el modelo actual, la ocupación del litoral de la isla se convertirá en irreversible", señala la memoria de ordenación del PIO, que sostiene que "en una sociedad que cada vez se conciencia más de la necesidad del respeto a los valores ambientales, los recursos ofrecidos por el modelo turístico de 'sol y playa' no serán atractivos por sí mismos".
Con la irrupción de la actividad turística, y al amparo de su crecimiento económico, "se ha ido ocupando progresivamente el espacio litoral a través de puertos deportivos, comerciales e industriales, que han ido acompañados de algunas urbanizaciones, paseos marítimos y establecimientos hosteleros dentro de la zona de influencia del dominio público marítimo terrestre, afectando al medio natural, a los hábitats y especies animales y vegetales poniéndolos en peligro o amenaza, así como a los recursos naturales, paisajísticos y culturales".
Por lo tanto, añade, "se hace necesario refrenar la ocupación y transformación artificial de la primera línea costera aún no ocupada, manteniendo sus condiciones naturales originarias, a la vez que se protegen los espacios terrestres y marinos de valor ambiental, minimizando los efectos de las actuaciones que necesariamente deban ubicarse por su funcionalidad y características en el espacio litoral".
Ante la tendencia actual de intensificar la ocupación del borde litoral y la fragilidad de estos hábitats muy escasos, la situación futura de las áreas costeras "es muy incierta, si no claramente crítica". La expansión de la actividad turística hacia la costa Sur y Oeste, así como la tendencia a la urbanización en la costa Norte y Este "son las principales amenazas sobre el sistema costero", recalca el documento de la Consejería de Política Territorial.
Para reconducir esta situación, subraya el PIO, "es necesario resaltar y potenciar la declaración de áreas marinas protegidas sobre aquellos ámbitos representativos, para atestiguar la riqueza natural de los recursos costeros insulares".
En concreto, la revisión del planeamiento propone declarar siete nuevos espacios naturales protegidos marinos, los de Costa de Sardina del Norte (Agaete y Gáldar), Bahía de El Confital (Las Palmas de Gran Canaria), Roque de Melenara (Telde), Bahía de Gando (Telde e Ingenio), Playa del Cabrón (Agüimes), Sebadales de Playa del Inglés y Punta de La Cometa-Pasito Blanco (San Bartolomé de Tirajana). Para todas ellas se recomienda la figura de Área Marina Protegida, salvo en la Playa del Cabrón, que también podría declararse como Parque Natural.
Protección marina
"Aún hoy", recuerda el documento, "Gran Canaria carece de espacios naturales protegidos marinos pese a la gran importancia en una sociedad insular, aunque sí hay declaradas varias Zonas Especiales de Conservación (ZEC)". Hasta ahora, "la declaración de áreas marinas protegidas ha seguido una tramitación extremadamente lenta que ha favorecido la degradación de los hábitats marinos, por la ausencia de una protección y gestión real de los mismos".
Otro factor que degrada el litoral, subraya el PIO, "es la tendencia a verter al mar los residuos líquidos, ya sean aguas de rechazo de las plantas desalinisadoras o aguas residuales no tratadas de las plantas depuradoras, cuando no son vertidos ilegales". La amplia red de puntos de vertido "que jalonan toda la costa hace prever que en el futuro las comunidades litorales de la isla se van a ver alteradas de forma significativa por la presencia de estos contaminantes que varían el equilibrio bioquímico de las aguas".
Inés Miranda, consejera insular de Política Territorial, explica que una de las grandes preocupaciones en la revisión del PIO es "cohesionar los recursos que dinamizan la economía, como son las playas, con la necesaria protección del territorio". Para ello, resalta, se han establecido hasta 41 Áreas de Alta Fragilidad (AAF), de las que 16 están en la costa.
El nuevo planeamiento también recoge 32 Áreas de Restauración Prioritaria (ARP), la mayoría en espacios marítimo- terrestres, y nuevas figuras de planeamiento, como los corredores ecológicos y los conectores costeros. De hecho, ya se da prioridad a seis corredores ecológicos, los de Costa de Juncal (de la Caleta de Agaete a Sardina del Norte), Costa de El Confital y Las Salinas, de Silva a Gando, de Guayadeque a Arinaga, y Tenefé a Juncalillo del Sur (con dos discontinuidades en la central térmica de Juan Grande y Castillo del Romeral).
Los dos primeros conectores costeros, precisa Miranda, son los del Puertillo de Bañaderos a San Felipe en el litoral del Norte y de La Estrella a Bocabarranco en la costa de Jinámar. Además, se recogen varias intervenciones puntuales relacionadas con las playas, entre las que destacan la ampliación del aeródromo del Sur, la mejora de emisarios submarinos, la rehabilitación de la playa de San Agustín con aportaciones de más arena, la estabilización de Playa del Inglés, la mejora de las playas de Puerto Rico y Amadores, la creación de embarcaderos en Tasarte y El Asno y, por último, la protección de acantilados y cuevas marinas entre el Puerto de Mogán y la Punta del Descojonado. "La intención del PIO es preservar las playas como uno de los principales recursos turísticos de Gran Canaria", concluye la consejera.
José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FETH), coincide con Miranda en la importancia de las playas en el mantenimiento de esta industria, pero considera que, al margen del planeamiento territorial, hay que centrarse en ofrecer mejores servicios a los visitantes, como hamacas, sombrillas y chiringuitos de calidad.
"El potencial de esta isla son sus playas y no hay más que darse cuenta de que Maspalomas y Las Canteras son los iconos y los reclamos turísticos no solo de Gran Canaria, sino de Canarias y España en los mercados turísticos internacionales", puntualiza Mañaricua.
Los ecologistas tienen una visión menos idílica de las costas grancanaria. Greenpeace, en sus informes Destrucción a toda costa, denuncia la transformación del litoral por las construcciones turísticas y la "muy fuerte presión" sobre zonas protegidas y de gran valor ecológico. "El talón de Aquiles de la gestión sostenible de Gran Canaria son las costas", alerta Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec, quien recuerda que el 80% de la población de la isla vive en los primeros 500 metros de la franja de costa, con lo que eso significa en vertidos incontrolados hacia el mar.
