El nuevo Plan de Inspección del Transporte por Carretera del Cabildo de Gran Canaria ha detectado casi 1.500 infracciones en el último año y ha impuesto multas por un valor total de 1,71 millones de euros, según adelantó ayer el consejero de Transportes y Movilidad, Francisco Trujillo, quien aseguró que la lucha contra el intrusismo "ha permitido ir erradicando estas prácticas en el sector", que se agudizaron con la crisis económica.

Trujillo presentó el balance del Plan de Inspección 2017, que abarca el periodo del 1 de junio de 2016 hasta el día 31 del pasado mes de mayo, que se saldó con la apertura de 1.472 boletines o expedientes administrativos por algún tipo de irregularidad. De ellos, 1.456 acabaron en sanciones, de hasta 6.000 euros en los casos de infracciones muy graves.

Los controles al transporte público se realizan a diario en las carreteras, con la colaboración de la Guardia Civil, las policías locales, la Policía Portuaria y organismos como la Inspección de Trabajo la Agencia Tributaria. Además, un equipo de seis funcionarios del propio Cabildo -"insuficientes" según el consejero- realiza inspecciones en las empresas del sector.

En esos controles se vigila que los taxis, guaguas, camiones, furgonetas o vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) cumplan con las normativas del transporte de pasajeros y de mercancías.

Trujillo sostuvo ha que el Plan de Inspección "no tiene un afán sancionador o recaudatorio", sino el doble objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y luchar contra la competencia desleal y el intrusismo. En el caso de los controles en las empresas también tiene un fin informativo, para que los propietarios y trabajadores sepan cuales son sus obligaciones.

Aparte de los controles diarios en las carreteras, en ese periodo de un año se realizaron 109 controles en el aeropuerto de Gando, entre dos y tres controles a la semana con básculas de peso y 90 inspecciones a empresas en 13 municipios. También se tramitaron 37 denuncias ciudadanas y otras 13 demandas en hojas de reclamaciones. De los 1,71 millones de euros en multas, ya se han cobrado 1,14 millones a través de la agencia Valora, 340.000 euros en pronto pago, 90.000 en el periodo voluntario y 712.000 por la vía ejecutiva. El resto, unos 600.000 euros, están pendientes de reclamaciones o resoluciones judiciales.

Uno de objetivos del Plan es vigilar el cumplimientos de los tiempos de descanso de los conductores de guaguas, camiones y vehículos de transportes de mercancías peligrosas. Al respecto, Trujillo explicó que se controlan las actividades de las empresas y conductores en los últimos 45 días y luego se cotejan con la información ofrecida por los tacógrafos y otros elementos de medición.

El consejero comentó que existe un amplio abanico de irregularidades y que "es muy difícil" detectarlas todas porque aún persiste la picaresca. "Si montas un control en un cruce de carreteras, coges a los cinco primeros que pasan, pero luego se corre la voz y buscan alternativas para no transitar por ese punto", apuntó.

A modo de ejemplo, señaló una de las actividades a controlar es la de arrendamiento de los vehículos con conductor y las furgonetas de empresas privadas, que a veces se utilizan en servicios públicos para los que no están autorizados. También se incrementará la inspección de vehículos escolares.