El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha declarado este jueves que comprende la preocupación de los promotores del parque acuático en El Veril y criticó que, después de seis meses, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no haya otorgado la licencia y ahora se dirija al Cabildo para preguntar si es necesario un nuevo documento de calificación territorial.

Ante la rueda de prensa convocada por el grupo turístico Kiessling para valorar los sucesivos retrasos en la tramitación del proyecto del Siam Park, Morales ha confesado también su inquietud. "No sé lo que está pasando, pero entiendo la situación de los promotores; no puede ser que, después de seis meses, el Ayuntamiento de San Bartolomé todavía no haya concedido la licencia".

Morales ha recordado que el Cabildo declaró esa inversión de interés general e incluso tuvo que personarse en los tribunales para defender el proyecto porque "hay otras empresas que se oponen a que se construya la obra de manera". El actual gobierno insular también ha facilitado y acelerado los expedientes de las servidumbres de carreteras y de cauces públicos, por lo que "ahora depende del Ayuntamiento", ha subrayado.

A su juicio, "lo que ha colmado el vaso es que seis meses después, el Ayuntamiento ha elevado una pregunta al Cabildo planteando si es necesaria la calificación territorial, a pesar de que hay dos departamentos distintos del propio Ayuntamiento que dicen que no es necesaria la calificación territorial". Al respecto, Morales ha anunciado que si fuera necesaria esa autorización, "se podrá tramitar en poco tiempo, unos quince días".

El presidente del Cabildo ha rememorado la anterior disputa entre el Cabildo y el Ayuntamiento por el retraso del proyecto turístico de Kiessling en El Veril. "Recuerden que el 5 de enero el alcalde [Marco Aurelio Pérez] salió preocupadísimo en los medios de comunicación porque había aparecido un yacimiento arqueológico y parecía que era un obstáculo del Cabildo. Se le dijo que no interfería en en la obra y después quiso politizar el tema implicando a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que también dijo que no había ningún problema".