El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha iniciado un expediente de cese de actividad que afecta a las actividades de extracción de áridos que desde hace más de tres décadas viene realizando la empresa Hormigones Canarios (Horcasa) en la explotación Tabaibal Canario, ubicada justo al norte del cauce del barranco de Tirajana, entre la autopista GC-1 y la línea de costa y en las proximidades de la depuradora de aguas residuales del Sureste.

Además de este expediente, el consistorio santaluceño tramita a la vez otros tres que también paralizarán las actividades de las otras tres empresas dedicadas a estas mismas labores industriales en la misma zona, esto es, Ramos Gil, Machacadora Domínguez y Pedro Mendoza.

La presentación de este expediente de cese de actividad se reinició el pasado 18 de mayo -un primer procedimiento tuvo que ser suspendido por haber sido comunicado de manera tardía a una de las partes interesadas- y de acuerdo con fuentes municipales tiene un plazo de resolución de tres meses a contar desde esa fecha. La decisión fue tomada tras una petición previa por parte del consistorio para que las empresas afectadas presentaran una licencia municipal que les habilite para ejercer la actividad extractiva.

Desde Hormigones Canarios, su consejero delegado, José Luis Brito, considera que la empresa cuenta con toda la documentación y los permisos requeridos para continuar ejerciendo una actividad que arrancó en el lugar hace varias décadas. "Desde 1983 contamos con un título habilitante y todos los permisos necesarios por parte de Industria", afirma.

Con respecto a la petición del consistorio para que Horcasa presente una licencia municipal, Brito estima que su empresa ya posee una licencia que le permite continuar ejerciendo la actividad en la planta Tabaibal Canario. "Otra cosa es que con la nueva normativa tengamos que cumplir una serie de trámites, pero no consideramos que sea como se afirma desde el Ayuntamiento".

En sus palabras, Brito se refiere a la Ley autonómica de armonización y protección en materia del territorio y de los recursos naturales, aprobada en 2014 por el Parlamento de Canarias. La norma, en su disposición adicional decimotercera, expresa la obligación que tienen las empresas de elaborar una evaluación ambiental para las actividades mineras que ya se encuentren en explotación y posean el correspondiente título administrativo en vigor siempre que no hayan sido sometidas a alguna con anterioridad. El Boletín Oficial de Canarias publicó este mismo martes el anuncio oficial de la Consejería de Industria con el que arranca el periodo de información pública de este documento.

El cese de la actividad de extracción de áridos en el barranco de Tirajana ha sido una reclamación constante de los habitantes de Castillo del Romeral y otros núcleos de población cercanos en el municipio limítrofe de San Bartolomé de Tirajana, como Juan Grande o El Matorral, puesto que consideran que esta actividad ha generado graves problemas y afecciones en las áreas habitadas. El máximo representante de Horcasa alega, sin embargo, que la compañía dispone de "un informe demoledor del propio Cabildo donde dice que difícilmente es atribuible el polvo a las canteras del barranco de Tirajana".

"Los vecinos se niegan a seguir comiendo arena", asegura por su parte Antonio Hernández, abogado de los colectivos vecinales que se oponen a la presencia de estas industrias en la zona. El letrado, que asegura que durante años ha "intentado mantener un proceso constante de diálogo con todas las empresas", espera que el procedimiento administrativo iniciado por el consistorio santaluceño a instancias de los habitantes de la zona culmine de manera satisfactoria para los intereses de sus clientes. En cualquier caso, Hernández advierte de que continuarán con su lucha por la vía judicial en caso de que no logren el cese de las actividades de extracción de áridos a través de la administrativa.