La guerra judicial entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el grupo Lopesan por las cesiones urbanísticas del campo de golf de Meloneras se saldaron en 2014 con una sentencia del Tribunal Constitucional, que desestimaba la reclamación municipal de 12 millones de euros a la empresa. Tres años después de la resolución, el gobierno de Marco Aurelio Pérez decide acudir al Consejo Consultivo de Canarias para recuperar las pérdidas patrimoniales. La oposición criticó ayer en las casas consistoriales de Tunte la lentitud con que se ha tramitado el expediente.
El grupo, que preside Eustasio López, batalla desde hace más de una década con la administración sureña por las cesiones de suelo obligatorias del campo de golf de Meloneras. En esta zona Lopesan proyecta la construcción de 2.000 camas turísticas al amparo de un convenio urbanístico, que se aprobó por silencio administrativo en una comisión municipal de gobierno en 2003.
La valoración de las cesiones urbanísticas que debe recibir la administración en esta urbanización -fijada en un 15% del aprovechamiento por la administración y luego rebajada a un 10% -terminaron por enquistar este expediente en los tribunales.
De los 13.607.000 euros que debía ingresar Lopesan a las arcas públicas por el campo de golf, según los cálculos municipales, solo ha abonado 1.242.000 euros. El pago de los 12 millones restantes, que reclama desde entonces la administración a la compañía, ha obtenido en los tribunales interpretaciones dispares.
Mientras el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria falló a favor del ayuntamiento en abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia y una última sentencia del Constitucional de 2014 han dado la razón a Lopesan.
Sin embargo, un informe reciente de los arquitectos municipales tachan de "injustificable" la diferencia de valor del porcentaje de las cesiones asignadas al consistorio. Es más en un documento de 2013, los funcionarios consideran que esta "pérdida" de suelo municipal supone un "enriquecimiento injusto del promotor".
Ante estas consideraciones de los expertos, el ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad la revisión de este procedimiento administrativo. La corporación intentará recuperar los 12 millones de euros con el asesoramiento del Consejo Consultivo de Canarias, tal y como explicó el alcalde Marco Aurelio Pérez ante la lluvia de críticas que recibió de la oposición por traer al salón de plenos un expediente que permanecía paralizado desde hace tres años en el departamento de Urbanismo.
"No puede echarse la culpa a una funcionaria" de no haber traído antes a la consideración del pleno este asunto, le recriminó el portavoz del grupo de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana, Ángel López, al alcalde. Los funcionarios custodian los expedientes, pero "no tienen la responsabilidad de proponer el orden del día" de las sesiones plenarias. "Son otros los que deciden qué temas tratar" en las casas consistoriales, agregó el nacionalista tras exigir una explicación "razonada" al grupo de gobierno sobre esta "pérdida" de 12 millones de euros "no a la oposición sino a los ciudadanos, que se merecen que sus dirigentes defiendan sus intereses".
Según explicó el alcalde se trata de un proceso "largo" que ni siquiera ha obtenido una interpretación "clara" en los tribunales. Sin olvidar que los dos arquitectos que redactaron el informe, en la actualidad ya no trabajan en el consistorio.
El grupo socialista, con Pilar Grande a la cabeza, ha exigido al gobierno local (AVV-PP) la apertura de una "investigación y una auditoría" para desvelar si en el "ayuntamiento existe alguna mano que mece la cuna de algunos expedientes", aseguró la portavoz tras subrayar que se trata de un asunto con bastante "enjundia".
