Más de 500 personas pertenecientes a familias con todos sus miembros en el paro serán contratadas por el Cabildo de Gran Canaria y 18 ayuntamientos de la isla con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El 80% de las plazas laborales se destinarán a peones y el otro 20% se repartirá entre otras categorías profesionales. Los contratos tendrán una vigencia de seis meses y se empezarán a firmar en el mes de octubre, con el objetivo de que los beneficiarios adquieran conocimientos y se puedan reinsertar en el mercado laboral.
El denominado Plan de Empleo de Gran Canaria para familias sin recursos fue presentado ayer por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y por el consejero insular de Empleo y Transparencia, Gilberto Díaz, quienes resaltaron que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros.
En una reunión con los concejales del área para explicar los detalles del plan y recabar la colaboración de los ayuntamientos en su ejecución, Morales y Díaz explicaron que se realizará mediante la concesión de subvenciones directas a los 18 ayuntamientos adheridos al Programa de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria, todos excepto Firgas, Mogán y San Mateo. De la cuantía total, un millón de euros se distribuirá a partes iguales entre los 18 ayuntamientos, lo que garantiza que todos podrán contratar un mínimo de tres trabajadores.
El grueso de la subvención, 4,3 millones de euros, se repartirá entre los 18 municipios en función del número de parados, tomando como referencia los datos del Observatorio del Empleo de Canarias (Obecan) del mes de mayo de 2017. Por último, 250.000 euros se destinarán de forma de forma proporcional a Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas y Santa Brígida, los cuatro municipios cuya tasa de paro supera la media de la isla, establecida en el 28,07%.
Los requisitos para aspirar a una de esas 500 plazas es tener entre 18 y 65 años, estar en el paro e inscrito como demandante de empleo con una antigüedad mínima de seis meses, ademas de pertenecer a una unidad familiar en la que ninguno de sus miembros perciba rentas por actividad laboral ni prestaciones de cualquier naturaleza. No obstante, Díaz dijo que esta última condición puede tener "matices", como aceptar que algún miembro de la unidad familiar reciba algún tipo de ayuda social no superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), establecido actualmente en unos 500 euros mensuales.
Las personas contratadas trabajarán en obras y servicios de competencia municipal, como "acondicionamiento de caminos rurales, mejora y limpieza del litoral, rehabilitación de espacios recreativos y naturales, mejoras del paisaje municipal, erradicación de especies invasoras y actuaciones de concienciación medioambiental en cada municipio", apuntó.
Morales adelantó que este plan se repetirá en 2018 y 2019, ya que existe una partida de 10 millones anuales en el Fdcan para ese fin. También señaló que existe otro programa de empleo del Fdcan, el de incentivos a las empresas, que prevé la contratación de otros 500 trabajadores, por lo que un millar de personas podrán paliar sus dificultades económicas.
