El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria para suspender la concesión de la licencia que otorgó el pasado 7 de julio el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a Loro Parque para canalizar el barranco de El Veril. Los demandantes consideran que los trabajos invaden y agreden los restos arqueológicos hallados en la zona el pasado mes de diciembre.
Tras nueve meses de espera por licencia municipal para canalizar el barranco El Cañizo-El Veril, el grupo que preside Wolfgang Kiessling se podría ver afectado ahora por una nueva demanda en los tribunales. Los ecologistas, que han creado una plataforma denominada El Veril está vivo, piden a la justicia que se adopten "medidas cautelares" para suspender la autorización que ha dado luz verde a la compañía para entubar el cauce de El Veril.
Turcón sostiene que el proyecto de canalización "no se ajusta" al planeamiento urbanístico vigente e invade y amenaza la zona arqueológica ya delimitada y "protegida" por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.
En sus alegaciones, los ecologistas recuerdan al Juzgado que las obras se realizarán de forma inmediata en "suelo rústico". Por tanto, "la introducción de estructuras permanentes no desmontables cambiarán toda la fisonomía del cauce y algunas laderas". Se trata entonces, señalan en su denuncia, de un proceso de "transformación del suelo rústico en urbanizado".
Estos trabajos, continúa el escrito, incluye el "desmonte en un macizo de roca, que tras su ruptura nunca podría volverse a recuperar y que invaden el espacio de las dos cuevas" con valor arqueológico descubiertas por el Cabildo a finales de diciembre del año pasado e incorporadas posteriormente en un informe del Gobierno de Canarias.
De no adoptarse estas medidas de suspensión, subraya la alegación, los trabajos de canalización del barranco pueden ocasionar un "grave e irreparable perjuicio" al dominio público así como al suelo sin urbanizar y los valores arqueológicos hallados en la zona.
La plataforma El Veril está vivo destaca que el cauce que se va ocupar con la proyección del parque acuático es "patrimonio de todos", así como otros "elementos naturales e históricos" presentes en El Veril. Los ecologistas lamentan que las administraciones con competencia en este suelo (Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana) "no hayan querido garantizar su protección".
Con esta demanda, el proyecto del parque acuático vuelve a encarar un nuevo obstáculo judicial después de superar otros recursos presentados por compañías que operan en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
La compañía, que compró los terrenos de El Veril a los herederos de la familia del Castillo en febrero de 2014, también ha tenido que batallar en los tribunales con el empresario Santiago Santana Cazorla por supuestos derechos de propiedad sobre estas parcelas. En este caso, un auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 13 desestimó la solicitud de adopción de medidas cautelares.
