El nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, que cambia el modelo energético hacia las renovables y amplía los terrenos destinados a la agricultura, está en exposición pública desde ayer miércoles para que los ciudadanos y las administraciones afectadas puedan presentar sus alegaciones. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, el documento se puede consultar hasta el 27 de octubre en el Registro General del Cabildo, situado en la parte baja de la Casa Palacio, o también por internet.
La exposición pública, abierta por la consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda, consta de diez grandes mapas de la isla con las principales actuaciones recogidas en el nuevo planeamiento, así como una copia en papel de la veintena de tomos que contienen toda la información. Dos técnicos del Cabildo, con sendos ordenadores para consultas digitales, atienden al público y responden a las dudas.
La revisión del Plan Insular para adaptarlo a las normativas autonómicas de los últimos años ya salió a exposición pública en enero de 2015, pero se tiene que someter otra vez al periodo de alegaciones porque el actual gobierno de Antonio Morales ha incluido algunas modificaciones sustanciales. En concreto, la consejera resaltó la eliminación de la planta regasificadora y la creación de tres grandes áreas para concentrar todas las plantas de energía eólica, en el Noroeste, el Sureste y el litoral del Sur.
El cambio de los combustibles fósiles hacia las energías limpias se completa con la central hidroeólica de Chira-Soria, a la que se podrían unir a más largo plazo otros saltos de agua en la cuenca hidrológica de Tejeda a La Aldea. También se recogen los aerogeneradores de autoconsumo y nuevas zonas adecuadas para la producción fotovoltaica, con la propuesta de constituir parques mancomunados en Juan Grande, entre Guía y Gáldar y en La Aldea.
Inés Miranda, que abrió el periodo de exposición pública junto al director general de Política Territorial del Cabildo, Rafael Pedrero, y el director técnico del PIO, Pedro Pablo Monzón, dijo que otra de las modificaciones sustanciales "consiste en la nueva definición de las zonas dedicadas a la actividad agropecuaria, ampliadas en 8.280 hectáreas respecto a las actuales". También se redefinen los límites para los cultivos y para las explotaciones ganaderas, con el objetivo de avanzar en los próximos años hacia la soberanía alimentaria.
El PIO, aprobado por el Pleno del Cabildo el pasado 30 de junio con una única abstención del grupo Podemos, "define 16 nuevas áreas naturales de alta fragilidad, aquellas que precisan un cuidado y atención específicos además de medidas para fomentar su conservación", precisó Miranda. Además, incrementa los terrenos para cultivos y biotecnología marinos, la denominada economía azul, que pasa de 3,9 hasta casi 17 hectáreas destinadas al cultivo de algas de agua dulce y salada.
La consejera comentó que el periodo de alegaciones "siempre es una sorpresa", pero consideró que "probablemente habrá menos que en 2015 porque todas fueron atendidas y la mayoría de forma favorable, lo que demuestra que hubo entendimiento con los ayuntamientos, con las otras áreas del propio Cabildo y con el Gobierno de Canarias".
Alegaciones
El anterior periodo de exposición pública concluyó con la presentación de 310 alegaciones, 93 de las cuales se admitieron pese a llegar fuera de plazo. Del total, 23 fueron estimadas, 106 desestimadas y tres no procedentes. Otras 169 fueron consideradas de forma parcial, "la mayor parte referidas a los usos asociados a las zonas en las que está organizado el suelo insular, así como a las afecciones de estos usos sobre parcelas y terrenos concretos, mientras que el resto de las alegaciones estuvo referida a aspectos muy diversos", apuntó.
Miranda precisó que hubo dos grupos de alegaciones más numerosos. "Por un lado, 49 trataban sobre la información ambiental y socioeconómica recogida en el texto y, por otro, 58 planteaban cuestiones respecto a la regulación de la actividad agrícola y ganadera y los criterios de actuación asociados que recoge el plan", detalló.
Preguntada sobre los plazos que maneja el Cabildo para la aprobación definitiva del PIO, Miranda se mostró confiada en cumplir el cronograma aprobado por su departamento, que prevé una tramitación de 18 meses a partir del mes de mayo de 2017. Por tanto, podría entrar en vigor a finales del año 2018 o principios de 2019.
Aparte de la contestación de las nuevas alegaciones, el documento del PIO también queda pendiente de los informes preceptivos y vinculantes del Gobierno de Canarias y del Estado, entre ellos el de Aviación Civil. "Ya estamos trabajando duramente en ello, porque las servidumbres aeroportuarias son muy importantes en esta isla , no solo en la zona del aeropuerto, sino que van más allá", relató.
Respecto al actual periodo de alegaciones, recordó que "la ley contempla que el documento esté en exposición pública durante dos meses que no sean agosto, pero el Cabildo ha habilitado igualmente el dispositivo para ese mes para que finalmente sean tres meses los que el documento esté a disposición de la ciudadanía para su estudio y, en su caso, presentar las alegaciones que estime oportunas en el propio Registro General".
Para ello, los interesados no tendrán que ceñirse a un modelo concreto, sino que bastará con un escrito que contenga los planteamientos con sus fundamentos y en cuyo encabezado consten los datos de la persona que presenta el escrito.
Miranda descartó que la nueva Ley del Suelo de Canarias, que entra en vigor el próximo mes de septiembre, tenga consecuencias sobre la propuesta del Cabildo. "Estamos realizando un estudio jurídico para complementar el PIO con esa nueva Ley y, si acaso influye, será positivamente, pues lo que establece en este periodo de transitoriedad es que será el propio órgano tramitador el competente en la aprobación final del documento", puntualizó.
Además de los cambios en el modelo energético y la ampliación de la superficie agropecuaria, el PIO establece las áreas de acampada y regula su uso por primera vez, además de introducir la figura del glamping, un tipo de acampada con características de hotel de lujo con un mínimo impacto en el entorno, por lo que no precisa actuación urbanística alguna.
Las áreas de acampada se especifican en dos listados. El primero incluye a las que necesitan una regulación preferente y son las de Guayedra, El Risco, Roque Prieto, Güi-Güi, Playa de Tasartico, Playa de Tasarte, Playa de Veneguera, De Mogán a La Verga, El Pinillo, Barranco de la Mina, Hoya del Fraile, Presa de Chira, Barranco de los Cernícalos y Presa de Ayagaures. Varias de ellas son aptas para acampadas en casetas, pero no en autocaravanas.
En la segunda lista están las que precisan un freno a su crecimiento para evitar los impactos paisajísticos y la masificación. Son las de El Burrero, Playa del Juncal, Roque Bermejo, Vargas, El Cabrón, Juncalillo del Sur, Tarajalillo y Arguineguín-Meloneras.
Ordenación turística
La ordenación del sector turístico presenta pocos cambios respecto al documento del 2014, salvo el aumento de la oferta del turismo de interior o de naturaleza hasta unas 3.000 plazas alojativas, lo que supone duplicar el actual número de camas, estimado en unas 1.380 plazas. La capacidad de carga para los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán se mantiene en las 211.429 plazas turísticas, con cinco nuevas zonas hoteleras en el litoral sureño, las de Tarajalillo-Lilolandia, Caserío de Media Fanega, Santa Águeda, Cueva del Canario y Catanga.
El PIO sí permite ampliar la capacidad alojativa de La Aldea, hasta un máximo de 1.900 plazas, y también aumenta la superficie de la zona turística del litoral del Noroeste, desde Arucas hasta Agaete, para albergar otras 3.000 camas.
Miranda también resaltó que las zonas periféricas de las urbes reciben una mayor atención, pues el PIO propone un crecimiento que aproveche las zonas vacías del interior de las ciudades y la separación de usos no compatibles con la urbe, como vertederos, fábricas o desguaces que han quedado integrados en la población debido a su crecimiento en los últimos años.
Por último, crea dos nuevos espacios naturales, ubicados en el Campo de los Volcanes de Rosiana y en el Macizo de Amurga.
