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El Cabildo investiga los pagos de Bravo a su socia aunque no aprecia delitos

Podemos y CC reclaman los contratos del exconsejero con las tres empresas de Noelia Pérez

El Cabildo de Gran Canaria investigará los pagos en la etapa del exconsejero de Deportes, Lucas Bravo de Laguna, a su actual socia empresarial, Noelia Pérez Peñate, aunque hasta ahora no se han apreciado presuntos delitos en los contratos y adjudicaciones de 2011 a 2015. Dos grupos políticos de la corporación insular, Podemos y Coalición Canaria, registraron ayer varias solicitudes para que el gobierno de Antonio Morales haga públicas todas las actuaciones de Bravo de Laguna con las tres sociedades mercantiles de Pérez Peñate: B&M Sport Marketing (en la que ambos figuran como administradores mancomunados), Volavi Canarias y Vosport 2009.

El actual consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, declaró a este periódico que se harán todas las gestiones necesarias para aclarar las cuentas de su antecesor en el cargo, pero ya adelantó que los contratos del Club de Baloncesto Gran Canaria y de la organización de los maratones tuvieron informes favorables y se ajustaban a la legalidad.

"Si a mi me hubiesen comunicado que podía haber alguna ilegalidad en esos pagos, ya lo hubiese puesto en conocimiento de la justicia, como hicimos en su día con la actuación del exgerente", apuntó Torres en referencia a Alberto Miranda, responsable de la gestión del club de baloncesto durante la etapa de Lucas Bravo de Laguna, al que la Fiscalía le imputa cuatro delitos por la compra de muebles usados para los jugadores del equipo, por valor de 32.000 euros, a una empresa de su pareja.

Aunque no se observen delitos, Torres resaltó que al poco tiempo de entrar el nuevo gobierno se rescindió el contrato entre el club de baloncesto y Noelia Pérez, al entender que era perjudicial para las arcas públicas. También se empezaron a convocar concursos públicos para la organización de los maratones, pues hasta entonces se adjudicaban por el procedimiento de negociado sin publicidad, lo que había provocado reiteradas quejas del departamento de Intervención del Cabildo.

Aunque el interventor repite sus quejas en la auditoría al club de baloncesto correspondiente al periodo 2015-2016, Torres aseguró que desde hace más de un mes se han tomado medidas para cumplir con todas las normativas de la contratación pública.

Solicitudes

Ante las informaciones adelantadas el domingo por este periódico, que revelan que Lucas Bravo de Laguna se incorporó como administrador mancomunado en B&M a los pocos días de renunciar a su acta del Cabildo y abandonar la militancia del PP, los portavoces de Podemos, Miguel Montero, y de CC, Fernando Bañolas, registraron ayer varias peticiones de información. La formación morada dará a conocer hoy martes sus iniciativas.

Por su parte, los nacionalistas de CC reclaman "la relación de pagos y contratos firmados por el Cabildo, órganos dependientes y sus sociedades mercantiles, entre los años 2011 y 2015, a nombre de las sociedades B&M Sport Marketing, Volavi Canarias y Vosport 2009, así como cualquier clase de cantidad que haya podido cobrar, o pendiente de ello, en el periodo anteriormente señalado, derivada de los presupuestos del Cabildo, la persona física Doña María Noelia Pérez Peñate, inclusive cualquier abono de similar naturaleza mediante subvenciones, ayudas, servicios profesionales o contratos firmados".

Además de reclamar la información, el portavoz de Podemos, Miguel Montero, criticó la actitud del gobierno de Antonio Morales y aseguró que NC y el PSOE "conocen estas irregularidades desde hace muchos meses y no las han querido hacer públicas". A su juicio, "Ángel Víctor Torres tiene un acuerdo con Lucas Bravo de Laguna para no revolver los asuntos del pasado".

Montero recordó que la auditoría al club de baloncesto correspondiente a la temporada 2015-2016, ya con el actual gobierno de Morales, reflejó que "la entidad está incumpliendo reiteradamente la normativa de contratación pública" y en sus conclusiones insistió en "la obligatoriedad que tiene el Club de ajustar su actividad contractual a la normativa que le es de aplicación, cumpliendo, para la adjudicación de los contratos, los principios de publicidad, transparencia, confidencialidad e igualdad, y la adjudicación a la oferta más ventajosa".

Bravo de Laguna formalizó cuatro contratos por más de 191.000 euros con su actual socia empresarial durante los dos últimos años de su mandato al frente de la Consejería de Deportes, todos a través de la empresa Volavi. Dos de ellos, por casi 60.000 euros cada uno, fueron por el concepto de "servicio de trabajos determinados" en los maratones de 2014 y 2015. Los otros dos pagos, de 50.000 y 26.000 euros se realizaron por el "servicio de gestión de patrocinio" del club de baloncesto.

Informaciones de otros medios de comunicación elevan esa cifra a casi 300.000 euros, al sumar pagos y subvenciones a otras empresas ligadas a Pérez Peñate.

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