Lucas Bravo de Laguna, exconsejero insular de Deportes, aún figura como presidente del patronato de la Fundación Canaria del Deporte, el organismo creado por el Cabildo para pagar los gastos del Club de Baloncesto Gran Canaria. Dos años después de las elecciones de 2015 y del cambio de gobierno en la corporación insular, en el Registro de Fundaciones Canarias sigue apareciendo la directiva del anterior mandato, según se recoge en una respuesta de dicho organismo de la Comunidad Autónoma a solicitud de Ylenia Pulido, consejera de Podemos.
En ese certificado, fechado el pasado 22 de mayo, también se contesta a Ylenia Pulido que la Fundación Canaria del Deporte "no ha depositado al día de la fecha las cuentas anuales correspondientes a los cuatro últimos ejercicios".
"La composición del patronato actualmente inscrito", prosigue el documento, es la de Lucas Bravo de Laguna como presidente; Rosa Rodríguez como vicepresidenta; Carlos Manuel Trujillo Morales como secretario no patrono; y José Miguel Álamo, Francisco Santana, María del Carmen Muñoz, Fernando Bañolas, Carolina Darias y Carmelo Ramírez como vocales.
El grupo de Podemos en el Cabildo grancanario denunció ayer el "descontrol total" en las contrataciones del Club de Baloncesto Gran Canaria y acusó al actual responsable de Deportes, Ángel Víctor Torres, de mantener "un pacto de silencio" con su antecesor en el cargo, Lucas Bravo de Laguna, para tapar las irregularidades detectadas en las sucesivas auditorías del departamento de Intervención.
Los consejeros Miguel Montero e Ylenia Pulido comparecieron para anunciar las medidas que pondrán en marcha para intentar esclarecer los pagos realizados en la etapa de Bravo de Laguna a su actual socia empresarial, Noelia Pérez, que calcularon en más de 300.000 euros, y no descartaron que tengan que acudir a la Justicia ante el bloqueo del actual grupo de gobierno de NC y PSOE.
Montero recordó que la auditoría publicada el 4 de abril de este año "dice que se vulneran los principios de legalidad, libre concurrencia e igualdad en el acceso a la contratación del club, y no solo en el mandato de Bravo de Laguna, sino también en el de Ángel Víctor Torres".
El portavoz de Podemos subrayó que su grupo "esperó a que acabara la temporada para no perjudicar al club, ni que su nombre saliera manchado por una mala gestión política, por lo que presentó una moción sobre el asunto en el Pleno de mayo".
Según Montero, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, adelantó dos puntos del orden día para que no se pudiese discutir la moción de Podemos, por lo que se retrasó hasta el Pleno de junio. "Morales regaló un mes a Torres para que pudiera llevar al consejo de administración de la Sociedad Anónima Deportiva Club de Baloncesto Gran Canaria el arreglo de las irregularidades fragantes que sigue habiendo durante este mandato", criticó Montero.
"En junio -añadió- pedimos que se investigase hacia atrás y que se hiciese una auditoría de procesos, que no es solo saber si se cumplió la legalidad o no, que ya sabemos que no porque lo dice el informe oficial, sino quién tomó las decisiones de contratar y luego de rescindir los contratos", precisó. La auditoría, recalcó Montero, "dice que a la empresa Volavi se le rescindió el contrato en noviembre de 2015 y en esas fechas ya era público y notorio que había dudas respecto a su actuación".
"Es importante que quede claro que el gobierno del Cabildo no está investigando la gestión del mandato de Lucas Bravo, sino que gracias a que los medios de comunicación han sacado el tema empieza a moverse a rebufo de lo que se va publicando", afirmó.
Ylenia Pulido dijo que "es sorprendente que Torres acepte investigar esos pagos, como consecuencia de las noticias que salen en la prensa, y no lo hiciera cuando conoció el informe de Intervención y el grupo de Podemos le preguntó por ello".
La consejera también consideró que "es necesario saber" quién autorizó los pagos en la organización de los maratones y cómo se han justificado los cobros de dos abonos de casi 60.000 euros cada uno por parte de la empresa Volavi "por unos conceptos tan genéricos como servicio de trabajos determinados".
Los representantes de Podemos señalaron que, por informes oficiales, "ya se sabe que la cantidad pagada a la empresa de actual socia de Lucas Bravo es al menos de 300.000 euros, era falta saber cuánto más ha cobrado".
